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AGEC presenta la “Declaración de Morelia”, derivada del primer encuentro nacional de archivos

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San Francisco de Campeche, Camp., 01 de septiembre.- El
Archivo General del Estado de Campeche (AGEC), atendiendo la invitación de
difusión del Archivo General de la Nación (AGN), da a conocer la “Declaración
de Morelia”, que fue firmada por los Archivos del Poder Ejecutivo de las
Entidades Federativas en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el marco del
Primer Encuentro Nacional de Archivos, donde se anunció que Campeche será sede
del Segundo Encuentro Nacional del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas
a realizarse en mayo de 2017.

Es
importante destacar que en Campeche, el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas es
el mejor aliado del AGEC y de la AGN para el fortalecimiento y modernización de
la Archivística Nacional, ya que los archivos requieren una gestión eficaz,
eficiente, responsable y transparente para generar una atmósfera de confianza y
certeza entre el gobierno y la sociedad.

Cabe
destacar que durante el Encuentro Nacional de Archivos del Poder Ejecutivo de
las Entidades Federativas, los responsables de los archivos estatales, decididos
a trabajar en estrategias que permitan lograr la armonización normativa en
materia de archivos en las entidades federativas, solicitaron a los titulares
del Poder Ejecutivo de las entidades federativas 11 puntos de acuerdo, que
fueron plasmados en la “Declaración de Morelia”.

Lo
anterior responde a los beneficios que la Ley General de Archivos traerá en la
conformación y operación de los Sistemas Estatales de Archivo (SEA) para
articular el Sistema Nacional de Archivos (SNA).

De
esta forma, acordaron impulsar en el Congreso de la Unión la discusión y
aprobación de Ley General de Archivos, la cual deberá contemplar la
organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de
las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México.

También,
reconocer a los archivos como condición de la garantía de los derechos humanos
consagrados en nuestra Constitución: el derecho de acceso a la información y la
protección de datos personales.

Así
como incluir en la agenda pública la administración de los archivos y la
gestión documental como elementos indispensables del buen gobierno, la
rendición de cuentas y la protección del patrimonio documental.

Otro
punto de acuerdo fue fortalecer las capacidades normativas, técnicas y
financieras de los archivos estatales y municipales, procurando robustecer su
estructura organizacional para responder a los retos que la Ley General de
Archivos demandará.

Crear
SEA coordinados por Consejos estatales y operados por los Archivos Generales o
su equivalente en los Estados; así como, facultar a los Archivos Generales o su
equivalente en las entidades federativas con las funciones que les permitan
regular la homologación de los procesos de gestión documental en los Sistemas
Institucionales de Archivos de los sujetos obligados.

Asimismo,
acordaron reconocer el valor histórico, administrativo, cultural, social,
artístico y económico del patrimonio documental que resguardan los archivos
estatales y municipales, mediante la protección legal y técnica que garantice
su integridad, autenticidad, fiabilidad y uso.

Impulsar
la modernización de los archivos a través de las Tecnologías de la Información,
e implementar una política pública para establecer un marco regulatorio que dé
certeza de la gestión y preservación del patrimonio documental que nace
electrónico, para que futuras generaciones puedan tener acceso a él.

Promover
una campaña nacional de difusión del patrimonio documental, que resguardan los
archivos estatales y municipales, haciendo énfasis en el inestimable valor que
éste posee para la memoria de México.

Establecer
un sistema de financiamiento compartido entre la Federación y las entidades
federativas, destinado a la conservación y al resguardo de los archivos
locales, mediante fondos de apoyo económico; y finalmente prever sanciones
penales y administrativas a las conductas que pongan en riesgo el patrimonio
documental de la Nación. 

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