Intervención de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri Riancho, para referirse a la resolución del Congreso de Baja California, durante la Sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2019.
No voy a reiterar lo que aquí en esta Tribuna la semana pasada y ésta, se ha señalado con toda propiedad.
La reforma al decreto 112 realizada por el Congreso de Baja California, es inconstitucional e inmoral.
Ha habido plena coincidencia en que no es posible mediante un acto legislativo, prolongar, prorrogar un mandato constitucional que la ciudadanía votó para que fuera de dos años.
Aquí se ha mencionado varios y muy importantes mecanismos para controvertir esta violación constitucional, que es además violatoria del Pacto Federal.
No cabe duda que son todas ellas vías legítimas a explorar y que están contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero hay una cuestión fundamental para que se activen estas vías de acción, y es ni más ni menos, que la publicación de la reforma constitucional al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California.
¿Qué ha pasado en estos días? Después de que un Congreso, una Legislatura que está por concluir su mandato el 31 de julio, después de que 22 días antes de esta fecha decidió realizar esta reforma en forma oscura, lo podemos decir con claridad, qué contradictorio, claramente dicho y oscuramente ejecutado, y que además los hechos subsecuentes nos han mostrado que forma parte de un pago de marcha de los actuales diputados para conseguir trabajo en la próxima administración.
Pero ya tres de los cinco municipios ratificaron la reforma del octavo transitorio, dos la rechazaron e incluso presentaron una acción de inconstitucionalidad, que por cierto, fue desechada por la Suprema Corte de Justicia el día de hoy, por notoriamente improcedente, y ahorita voy a volver sobre ello.
¿Quién tiene facultad, una vez hecha la declaratoria por el Congreso de Baja California para publicar la reforma en el periódico oficial del estado? La tiene desde luego el gobernador constitucional del estado de Baja California, el mismo que va a ser gobernador hasta el 31 de octubre de este año, gobernador surgido de las filas del Partido Acción Nacional, Francisco Vega.
La tiene si en 15 días no publica el gobernador, el Congreso de Baja California. Congreso que estará por cierto constituido en su mayoría por diputadas y diputados de Morena.
La pregunta y a la vez exhorto que realizo, es para que el gobernador de Baja California, bajo protesta, haga la publicación de esta reforma constitucional, y la razón, permítanme decirlo, es de índole legal, sí, pero también política.
No podemos permitir que pase el tiempo sin que esta reforma se publique y que siempre esté pendiente de un momento político que haga posible en un instante, publicarla ahí sí otra vez, en lo oscuro, subrepticiamente cuando ya no haya condiciones para poder controvertirla ante la Suprema Corte de Justicia.
Y con toda firmeza lo señalo, bajo protesta, pero está obligado el gobernador de Baja California a publicar esta reforma para no dejarnos, y aquí hablo de la federación y de los Poderes de la Unión, en estado de indefensión.
Aquí el Partido Acción Nacional ha sido enérgico en sus expresiones de rechazo, ha procedido a expulsar a las y los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron esta reforma inmoral
Ahora, una vez más, que el Partido Acción Nacional, con este vigor y energía que ha demostrado, exhorte a su gobernador para que publique a la brevedad la reforma y podamos activar los mecanismos constitucionales para controvertirla.
