Intervención de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri Riancho, para referirse al dictamen en relación con la idoneidad o no, de las personas designadas por el Ejecutivo Federal el 24 de abril de 2017, para ocupar los cargos de Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Sesión de la Comisión Permanente del miércoles 31 de julio de 2019.
Gracias presidente.
Este proceso que culmina el día de hoy, tiene varias importantes y relevantes singularidades.
La primera de ellas es que no lo realiza el Poder Legislativo motu propio, sino merced a un amparo concedido al Comité de Participación Ciudadana, cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, por omisión legislativa, es decir, el Poder Judicial llama severamente la atención de una importante laguna en el trabajo legislativo del Congreso de la Unión, compartido casi por partes iguales, por la anterior Legislatura y por la actual.
Porque los nombramientos del Presidente de la República son del 25 de abril de 2017, y hoy, es el último día de julio de 2019, casi a un año del ejercicio de la actual 64 Legislatura de Cámara de Diputados y del Senado.
Segunda singularidad, es una de las 7 piezas del Sistema Nacional Anticorrupción, ni más ni menos la responsable de establecer las sanciones de tipo administrativo contra los actos cometidos por servidores y servidoras públicas, así como la eventual participación en estos mismos, de personas de la iniciativa privada.
El no tener, el no contar con tribunales ad hoc, tal como señala la Constitución para poder imponer las sanciones a delitos graves en materia administrativa relacionados con la corrupción, deja en un estado de alta vulnerabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción.
La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, ha habilitado una sala, una sala especial con todos los problemas de índole jurídico que puedan presentarse al no ser la sala especializada en la materia la responsable de conocer y sancionar estas faltas graves en materia administrativa.
Y qué podemos decir de las salas regionales, cinco, que no hay ninguna posibilidad de sustitución de aquellas faltas graves que no pueden ser sancionadas por los órganos internos de control.
Y cuando hablamos de órganos internos de control, nos referimos a más de 200 existentes en la Administración pública federal en su conjunto, pues los delitos graves tendrían que estar resueltos por estas salas.
Pero ahí no para la singularidad, antes de culminar la integración del Sistema Nacional Anticorrupción y de formar las salas responsables de las sanciones administrativas, ya hay tres iniciativas presentadas en el Senado de la República, tendientes justamente, una de ellas, por la senadora con licencia y actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para desaparecer las cinco salas regionales, y dejar exclusivamente la Sala Superior.
Y dos más, presentadas ambas por el coordinador del grupo parlamentario del Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que llevan a concentrar las sanciones y los procedimientos de sanción administrativa también en el Poder Judicial de la Federación, lo cual representaría un retroceso de más de 80 años a partir de la creación del Tribunal Fiscal hasta su transformación en el actual Tribunal de Justicia Administrativa.
Todo ello lleva al siguiente punto, en este momento vamos a tomar la decisión si ratificamos a 2 de 3 justos que culminaron el proceso para la Sala Superior, o si declaramos ratificados los nombramientos de una justa y dos justos que lograron trascender los más de dos años de incertidumbre después de que fueron nombrados por el Ejecutivo federal.
Alguien dirá, pues si ya no se va a completar la planilla de 15 magistradas y magistrados y 3 correspondientes a la Sala Superior, mejor desechemos a todos y baraja nueva.
Aquí hay dos preocupaciones, una, que dejaríamos de integrar al Tribunal de Justicia Administrativa en materia Anticorrupción, a dos mujeres y tres hombres ampliamente idóneos para poder desarrollar las responsabilidades.
Y la segunda, es que quedaríamos en la incertidumbre si el Presidente de la República va a usar la facultad que tiene para expedir los nuevos nombramientos, ¿y qué tal si no? Quiere decir que el Sistema Nacional Anticorrupción ¿va a permanecer cojo y va a dejar de haber el elemento central de las sanciones a los delitos de corrupción por parte del Tribunal creado exprofeso para ello?
La mayoría de Morena tiene el voto y la palabra.
O fortalecemos el Sistema Nacional Anticorrupción sin ningún tipo de limitantes, sino con la certidumbre de que es una demanda ciudadana que recogió el Poder Legislativo y la transformó en norma, o simplemente como otras instituciones de este país, las dejamos vegetar a fin de que desaparezcan.
Muchas gracias.
