Contacto con la política nacional, por: Baltasar Barbolla.
Ley garrote
Reelección AMLO
Elección CDM PAN Mérida
Ley de extinción de dominio
Dinero a Centroamérica
–
No es así, – estableció el analista – según el presidente y el gobernador de
Tabasco, la ley tiene el objetivo de evitar los sobornos sistemáticos que pseudosindicalistas,
ligados al PRI, exigían a empresarios a
cambio de no afectar sus negocios. De igual manera, ambos coincidieron en que
la gran mayoría de las personas están a favor del proyecto, por lo que no tiene
sentido esa justificación. La oposición ha hecho un festín de desinformación
con esta situación.
–
El México en el que vive Andrés Manuel
y sus colaboradores debe ser muy bonito, pero no es el mismo México que en el
que vivimos los demás mexicanos. ¿Con qué cara dice el presidente que todos apoyan
la construcción de la refinería cuando ha sido uno de los proyectos más
criticados de su administración? De entrada, por el retroceso que implica
invertir en hidrocarburos.
–
La que resbaló fue la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky , quien compartió su apoyo a la ley y aseguró
que ésta tenía el objetivo de evitar sabotajes contra la refinería de Dos
Bocas, contraviniendo el discurso del presidente y del gobernador tabasqueño.
Aún más, al ser cuestionada sobre el fondo de la ley tuvo que admitir no
conocer su contenido. – presentó la reportera – Definitivamente se propaga
demasiada desinformación, pero no solo la oposición.
–
¿Y en qué consiste la ley? – preguntaron en la mesa.
–
No es una ley tal cual, – explicó la abogada – son un conjunto de reformas y
adiciones al Código Penal propuestas por el diputado priista, Gerald Herrera, y el gobernador
tabasqueño, Adán López. El primero
propuso endurecer las penas propias del
delito de extorsión, y el segundo creó la figura de impedimento de ejecución de
trabajos u obras. Fue solamente la aportación del gobernador la causa de la
controversia, ya que con esta figura plantea castigar hasta con veinte años de
cárcel a quienes bloqueen la vía pública, o la operación de obras públicas o
privadas, dando suficiente margen de discrecionalidad a la autoridad para
actuar contra demostraciones públicas colectivas.
. . .
–
Como tú, piensan todos los grupos políticos excepto Morena. En el Congreso de
la Unión, por ejemplo, por primera vez no obtuvo respaldo alguno la bancada de
Morena. Usualmente el PES o el PT se alineaban a Morena sistemáticamente, pero
los legisladores de estos partidos coincidieron en que la ley garrote
evidentemente violenta los derechos humanos de las personas, por lo que no
pueden apoyarla.
–
Me llama la atención que a pesar del nulo apoyo obtenido por las demás
bancadas, propongan replicar la ley a nivel nacional. – reflexionó el
editorialista – Coincido con lo antes mencionado, el México en que vive Morena
es muy bonito, pero muy diferente al real.
–
El asunto ha tenido tanta difusión que Amnistía Internacional ya se pronunció
al respecto. – dijo la empresaria.
–
¿Qué es Amnistía Internacional?- se escuchó.
–
Es una de las organizaciones internacionales protectoras de derechos humanos
más importantes del mundo. – respondió la abogada. – Para muchos es el
referente en su área.
–
Así es. – confirmó la empresaria – Mediante un boletín, comunicaron su
preocupación por la ley garrote ya que representa un paso previo a la
criminalización de la defensa de los derechos humanos, se pone en riesgo la
libertad de manifestación y expresión, y se deja sin voz a la población ante
proyectos del gobierno.
–
Seguramente esta ley será sujeta a varias acciones de inconstitucionalidad. Así
lo tiene contemplado el gobernador Adán
López, quien dijo ya tener preparados sus argumentos legales en defensa de
su ley. Imagínense qué hubiera hecho Andrés Manuel como oposición a esta ley,
probablemente hubiera organizado la manifestación más grande de todas.
–
No hay que imaginar tanto, recordemos que hace veinte años el ahora presidente
bloqueó pozos petroleros en Tabasco manifestándose por un tema similar contra
el entonces gobernador tabasqueño, Roberto
Madrazo. – recordó el político.
–
Bien lo dijo Marko Cortés, no es lo
mismo ser borracho que cantinero. – concluyó la reportera.
–
No es sorpresa, pero qué narcisista es nuestro presidente. – lamentó el
político.
–
¿Por qué lo dices, amigo? – cuestionó el editorialista.
–
Como platicamos la semana pasada, Jaime
Bonilla había estado en boca de todos por su atraco a la constitucionalidad
del país. Por varios días hubo gran difusión sobre la situación en Baja
California, lo que propiciaba que figuras políticas ejercieran presión sobre
las autoridades para exigir la procuración del estado de derecho. El
presidente, además de abstenerse a tomar postura, se robó los reflectores
haciendo el tema sobre él. – contestó el político.
–
Imagino que te refieres a la carta firmada ante notario en la que reafirma su
compromiso de no buscar la reelección. – intervino el consultor – Considero que
estás equivocado, pues en la misma carta, el presidente dice que es en
respuesta a sus opositores que lo siguen acusando de querer reelegirse. No
podrás negar que a raíz de lo sucedido en Baja California, múltiples críticos
han cuestionado a Obrador sobre esto.
–
Estoy en desacuerdo, sostengo que fue un circo para restar importancia al caso
Bonilla. Por eso presidencia difundió ruido, como que no encontraban el
documento original, por ejemplo. – rebatió el político.
. . .
–
¿Leyeron la carta? – preguntó el editorialista a la mesa – No hay duda que fue
redactada por Andrés Manuel:
descalifica a sus enemigos imaginarios, atenta contra la legalidad, justifica
sus ideas controversiales, plantea cumplir sus promesas con más promesas, y
divaga al final sobre qué hará al terminar su mandato. Otro documento
inmemorable del señor López Obrador.
–
¿Cómo atenta contra la legalidad? –
inquirió incrédulo el analista.
–
El segundo párrafo, de acuerdo al contexto de la carta, dice que el pueblo es
quién decide la forma de gobierno y tiene derecho a cambiarla de acuerdo a su
preferencia, “el pueblo pone y el pueblo quita”. Sin embargo, por cómo está
redactado el párrafo, abre la posibilidad a la reelección en el supuesto que
así lo quiera el pueblo y se modifique la Carta Magna en este sentido. –
explicó el editorialista.
–
Yo no le veo problema alguno a que el pueblo ejerza su soberanía, y establezca
la forma de gobierno y al gobernante que quiera. Por el contrario, es sumamente
democrático. – estableció el consultor.
–
El problema no es que el pueblo ejerza la soberanía, es la forma en que se
ejercerá. ¿Cómo sabrá el presidente si el pueblo quiere que se cambie la forma
de gobierno o que continúe en su cargo? A lo que nos tiene acostumbrados es a
consultas ciudadanas carentes de toda legitimidad y consultas a mano alzada que
utiliza para dictar la política del país.
–
Todo esto es pura especulación que contraviene a la llana realidad. – aseguró
el consultor – Tu postura está basada en tu interpretación de lo que dijo el
presidente, cuándo múltiples veces estableció que no buscaría la reelección. No
es necesario leer entre líneas cuando las mismas líneas dicen toda la
información.
–
La realidad habla más fuerte que las palabras de AMLO. La realidad es que en
Baja California se creó un precedente legal de modificación constitucional para
ampliar el periodo de mandato de un cargo; además, la figura de revocación de
mandato es un antecedente histórico de reelección, como se ha demostrado en
otros países latinoamericanos.
Independientemente de esto, espero el futuro te dé la razón, porque
estoy seguro que nadie quisiera ser parte de tal dictadura.
. . .
–
Les comparto una noticia de Mérida para darle seguimiento y retomarla en unas
semanas. Están próximas las elecciones del Comité Municipal del Partido Acción
Nacional en Mérida, y ya hay tres aspirantes a encabezar al partido. – presenté
a la mesa – Las elecciones serán el próximo once de agosto, y los aspirantes
son Cecilia Patrón, Josué Camargo, y Ricardo Helguera.
–
¿Cecilia Patrón no es diputada federal? – me preguntó el consultor.
–
Así es, de hecho se le ha criticado por suponer que busca encabezar al comité
municipal para asegurar su candidatura a la alcaldía de Mérida en los próximos
comicios electorales. Por esto, sus dos contrincantes han coincidido en
comprometerse a no buscar ninguna candidatura después del periodo de gestión.
De igual forma, Josué Camargo
renunció a su puesto en el ayuntamiento, según él, para garantizar su
compromiso al partido. Cabe mencionar que Camargo es gente del actual alcalde, Renán Barrera Concha.
. . .
–
Quien, por cierto, ha sido criticado por distintos actores políticos debido a
que ésta semana hizo público su interés de reelegirse como alcalde y buscar
eventualmente la gubernatura del estado. – comentó la empresaria yucateca. –
Políticos como Harry Rodríguez,
presidente estatal del Partido Verde y diputado local, y Alejandro Cuevas, presidente estatal del PRD, han compartido su
inconformidad con las declaraciones del alcalde meridano pues consideran que no
ha dado resultados como para hacer tales aseveraciones.
–
Además de lo sensible que es el tema de la reelección por lo que está
ocurriendo en el panorama nacional. – complementó el político.
–
Finalmente, Helguera se presenta como el candidato más modesto planteando un
partido sin compadrazgos. Ahora, se considera que el liderazgo que Cecilia Patrón ejerce en su partido es
suficiente para que gane las elecciones sin tener que renunciar a su diputación
o adquirir compromisos sobre futuros cargos, pero en la política nada está
escrito. Habrá que ver qué decide la militancia panista meridana.
. . .
–
La semana pasada el Congreso Federal aprobó en lo general y lo particular la
Ley Federal de Extinción de Dominio con doscientos noventa y un votos a favor,
ciento catorce en contra, y cinco abstenciones. Junto con la creación de esta
ley se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de
Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
– presentó la reportera – A pesar de su aprobación fue muy criticada por los
diputados del recinto, se interpusieron más de sesenta reservas por puntos en
particular.
–
¿Qué significa la extinción de dominio? – preguntaron en la mesa.
–
La extinción de dominio significa la pérdida de derechos de una persona sobre
un bien por no poder acreditar su procedencia o que sea utilizado para un fin
ilícito. – explicó la abogada – Es un concepto que se ha discutido desde el año
2008, pero es hasta ahora que se ha materializado en ley; la cuál es justamente
criticada porque vulnera a los
ciudadanos en general.
–
Los únicos que deben preocuparse por esta ley son los delincuentes. – aseguró
el consultor – Únicamente los bienes obtenidos delinquiendo o usados para delinquir
serán sujetos de esta figura.
–
En primer lugar, el catálogo de delitos para los que se puede aplicar esta
figura es demasiado amplio por lo que el Ministerio Público podrá encuadrar los
sucesos a la ley con amplia discreción, lo que vulnera la seguridad de los
ciudadanos en general. – explicó la jurisconsulta, y continuó – Segundo, se
transgrede el principio de presunción de inocencia, porque la ley permite al
gobierno decomisar y enajenar bienes sin que exista una sentencia definitiva
sobre el dueño del bien.
–
¿Y si se le decomisa a una persona que está en juicio un bien, se vende, y
luego logra acreditar legalmente su procedencia? – preguntó el editorialista.
–
Buena pregunta, ojalá se hubiera contemplado en la ley. – respondió
irónicamente la abogada, y prosiguió – Finalmente, no contempla protección a
los derechos de las personas involucradas de buena fe, o sea, quienes tienen
derechos de propiedad sobre el bien decomisado, pero no participaban ni estaban
enterados del hecho ilícito. Esto significa que arrendatarios o socios de
empresas inocentes se verán afectaos injustamente por esta ley.
–
También se criticó la poca transparencia con la que habrían de manejarse los
recursos obtenidos. Esta ley le crea una caja chica al presidente para disponer
de estos recursos, similar a la partida
secreta que se le aprobó hace unas semanas.
–
Lo obtenido de la venta de los bienes será utilizado para devolver al pueblo lo
que se le robó. Estos recursos serán utilizados para abonar a los programas
sociales y serán administrados por un grupo de gestión integrado por el
presidente y cinco secretarios federales, así como directores de institutos
sociales. ¿Qué mejor uso se le puede dar a lo obtenido? – planteó el analista.
–
Reparar el daño a la víctima del delito. – respondió la abogada – Al menos, esa
había sido la tendencia en los últimos años con las reformas al proceso penal,
y había sido una positiva transformación porque se le daba prioridad a la
víctima. Parece ser que volvió a quedar en segundo plano.
–
Además, los diputados criticaron que no se estipularon los medios de control
para dar seguimiento a la administración de los recursos obtenidos mediante la
extinción de dominio. De hecho, tanto algunos diputados de Morena como los de
oposición alzaron la voz contra las inconsistencias de esta ley, pero fueron
silenciadas por la mayoría morenista.
-A
pesar de los golpes de pecho que se dieron los legisladores que manifestaron
preocupaciones, la mayoría votó a favor, lo que me hace reflexionar sobre la
presión política que ejerce Morena sobre el Congreso. – dijo el editorialista –
Ojalá hubieran manifestado su postura con su voto, pero ya han dicho varios
diputados que están trabajando en reformas para esta ley con el fin de subsanar
las omisiones. Ahora, mi último comentario podrá parecer exagerado, pero
prefiero pecar de alarmista que de callado, esta ley podría crear un precedente
para fundamentar expropiaciones sistemáticas como ocurrió en Venezuela.
–
Concuerdo contigo, las comparaciones con Venezuela son exageradas. – intervino
con un dejo de broma el consultor.
–
Tienes razón, ni que hubiera desabasto de medicamentos o apagones masivos como
en Venezuela. – concluyó el editorialista.
. . .
–
No comprendo cómo es congruente la donación de cien millones de dólares en un
gobierno severamente austero. – reflexionó la empresaria – Una docena de
funcionarios han renunciado al ejecutivo federal por la política austera que
defiende a capa y espada el presidente y que ha mermado recursos necesarios
para el funcionamiento del gobierno, pero se anuncia que se regalarán cien
millones de dólares a El Salvador, Guatemala, y Honduras para implementar el
programa Sembrando Vida. No lo entiendo.
–
¿En qué consiste el programa Sembrando Vida? – preguntó el escritor.
– Es un programa que consiste en la
reforestación de áreas para contrarrestar el desequilibrio ecológico y crear
empleos agrícolas. Se destinan hectáreas para la siembra de árboles frutales y
maderables; empezó con doscientas mil hectáreas en Chiapas, posteriormente
otras doscientas mil en Campeche y Tabasco, más las que se contemplen en los
países centroamericanos. – explicó el analista – Y el dinero se tomó del Fondo
Yucatán, el cuál es un fondo creado en el sexenio de Felipe Calderón destinado a inversiones en Centroamérica, y cuenta
con un presupuesto de dos mil millones de pesos, por lo que no se ve afectado
el dinero de los mexicanos.
. . .
–
Marcelo Ebrard dijo que presentó el
proyecto en la Organización de las Naciones Unidas y que consiguió el apoyo de
distintas agencias internacionales y países que prometieron destinar recursos,
no necesariamente dinero; también dijo que buscarían apoyo financiero de la
Unión Europea. – complementó el consultor – Sin duda, el canciller está
aprovechando esta situación para consolidar su liderazgo en el gobierno
mexicano.
–
El hecho que el dinero para los países de América Central salga del Fondo
Yucatán no justifica el incongruente actuar de presidencia. La postura de Andrés Manuel había sido la de ocuparse
de la política interior como mejor política exterior, y por eso había evitado
participare de temas internacionales a extremos como no acudir a la Cumbre del
G20 o mantenerse callado ante la situación en Venezuela. Esto tuvo que cambiar
ante las presiones de Donald Trump
que lo obligaron a tomar un rol más activo en la política exterior, en otras
palabras, el presidente asumió la incongruencia para ceder ante Trump. –
aseguró el político.
–
El presidente López Obrador no salió
perjudicado de esta situación, ya que encontró la forma de sentirse cómodo al
interactuar con otras naciones. Al fungir como “donador” de El Salvador,
Guatemala, y Honduras tiene en sus presidentes a aduladores que le darán la
razón en todo, como lo tiene acostumbrado su equipo. – planteó el editorialista
– El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, protagonizó el mejor
ejemplo al llamar, con sumo cariño, “algodoncito” a nuestro primer mandatario
en su pasada visita a México.
