La Policía Federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a más de 30 personas vinculadas a su gobierno por utilizar de manera ilegal la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) para espiar a periodistas, jueces y políticos opositores, informaron fuentes oficiales y medios brasileños.
La investigación, conocida como “Abin paralela”, determinó que se conformó una “organización criminal enfocada en el monitoreo ilegal de autoridades públicas y la producción de noticias falsas, mediante sistemas de ABIN”. El informe final fue remitido al Supremo Tribunal Federal (STF) y se encuentra bajo reserva, para que la Fiscalía evalúe si presenta cargos o solicita nuevas diligencias.
De acuerdo con G1, Bolsonaro “sabía y se beneficiaba del esquema”, mientras que su hijo Carlos, concejal en Río de Janeiro, habría administrado los datos obtenidos ilícitamente con fines de ataque público. También fueron imputados Alexandre Ramagem, exdirector de la ABIN durante la presidencia de Bolsonaro, y el actual jefe del organismo, Luiz Fernando Corrêa, este último acusado de obstrucción a la investigación.
La trama habría incluido el uso del software FirstMile para acceder sin autorización a móviles y computadoras de miembros del poder judicial, periodistas y opositores. Entre los espiados figurarían los magistrados Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes, el exdiputado Rodrigo Maia y el entonces gobernador Camilo Santana. Asimismo, se denunció una intervención en equipos del gobierno paraguayo para obtener información sobre la central hidroeléctrica de Itaipú, operación que habría sido cancelada en marzo de 2023 por la nueva dirección de la ABIN.
Bolsonaro ya afronta otro proceso en el STF por un presunto intento de instaurar un estado de excepción para evitar la transición de poder tras su derrota electoral frente a Lula da Silva. En este nuevo caso, las penas posibles podrían oscilar entre 12 y 40 años de prisión.
