Durante décadas, miles de familias chilenas han vivido en la incertidumbre y el dolor debido a adopciones irregulares que ocurrieron tanto durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) como en los años posteriores. Estas prácticas, que involucraron a funcionarios públicos, religiosos y organizaciones, han dejado una profunda herida en la sociedad chilena.
Recientemente, la justicia chilena dictó el primer procesamiento en el caso de sustracción de menores y adopciones ilegales ocurridas entre 1970 y 1990. El ministro Alejandro Aguilar, encargado de la investigación, dictó prisión preventiva para cuatro personas y solicitó a la Corte Suprema la extradición desde Israel de la exjueza Ivonne Gutiérrez, procesada por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Según la investigación, una red formada en 1982 por abogados, sacerdotes, funcionarios y la jueza operaba en San Fernando con el fin de entregar ilegalmente menores a familias extranjeras por un costo de hasta 50.000 dólares. Las víctimas eran madres de escasos recursos, incluso menores de edad. Aguilar argumentó que los delitos no prescriben al tratarse de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
El centro Pro Icyc, fundado por el sacerdote italiano Alceste Piergiovanni en 1970 en Quinta de Tilcoco, Chile, ha sido objeto de múltiples denuncias por adopciones ilegales desde los años setenta hasta 2004. Muchas madres vulnerables y solteras relatan cómo les fueron arrebatados sus hijos sin consentimiento, bajo prácticas que favorecían la declaración de abandono para facilitar adopciones por familias europeas, principalmente italianas y estadounidenses. Aunque hubo un escándalo sobre adopciones irregulares durante la dictadura de Pinochet, no todas las denuncias están centralizadas ni investigadas adecuadamente hoy. El cura Alceste, fallecido en 2003, fue investigado pero nunca sancionado formalmente. La organización Pro Icyc continúa operando con vínculos italianos, sin que el Estado chileno haya retirado su autorización.
El artículo revela una preocupante realidad sobre las adopciones ilegales en Chile, destacando que no se trata únicamente de un problema del pasado durante la dictadura de Pinochet, sino que continúa hasta la actualidad. Se centra en el caso de Jocelyn Koch y su madre Jaquelin Aguilera, quienes buscan desesperadamente a Kevin, hijo y hermano respectivamente, dado en adopción en 2004 sin consentimiento formal. A través del relato de varias madres, se exponen irregularidades sistemáticas por parte del Estado y del Sename —la institución encargada del cuidado de menores—, que incluyen separación forzada de familias, falta de notificación legal, maltratos en hogares infantiles y adopciones internacionales sin considerar familiares cercanos. La ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, denunció numerosos casos similares. Entre 2010 y 2020, más de 4.500 niños fueron adoptados, 587 de ellos en Italia. Muchos hogares siguen operando pese a denuncias de abusos y hasta redes de prostitución infantil. Casos como los de Giannina Riccardi y Yohanna Oyarzo evidencian la revictimización de madres vulnerables. A pesar de las reformas, el sistema de adopciones chileno continúa presentando patrones de abusos similares a los de la dictadura, sin una entidad pública que investigue casos posteriores a 2004 de manera centralizada.
La ONG Nos Buscamos es una organización no gubernamental chilena sin fines de lucro. Tiene como misión promover el reencuentro de familias separadas por tráfico de niños, también conocido como adopciones ilegales o irregulares. Fundada en 2014 por Constanza del Río, la organización acoge a madres, hijos y familiares de estos, que apelan al derecho de conocer sus orígenes biológicos y culturales. A 2019, su base de datos cuenta con más de 4000 casos registrados —entre los años 1960 y 1999—, logrando el reencuentro en 47 de ellos.
La historia de las adopciones irregulares en Chile es una herida abierta que requiere atención y acción por parte del Estado y la sociedad. Es fundamental reconocer y reparar el daño causado a miles de familias, garantizar la transparencia en los procesos de adopción y asegurar que nunca más se repitan estas prácticas que vulneran los derechos humanos fundamentales.
