Minnesota fue escenario de un violento ataque dirigido contra legisladores demócratas, que ha sido calificado por autoridades como un acto de “ejecución política”. El sospechoso, Vance Luther Boelter, de 57 años, se presentó disfrazado de oficial de policía en los domicilios de la ex presidenta de la Cámara estatal, Melissa Hortman, y del senador John Hoffman.
A primera hora de la mañana, Boelter irrumpió en el hogar de Hoffman en Champlin, donde disparó contra él y su esposa Yvette. John Hoffman recibió nueve disparos y su esposa ocho, aunque ambos sobreviven tras ser intervenidos quirúrgicamente. Posteriormente se dirigió a la residencia de Hortman en Brooklyn Park, donde mató a la exlíder legislativa y a su esposo Mark.
Durante la inspección del vehículo vinculado al agresor, las autoridades hallaron un “manifiesto” o lista con aproximadamente 70 posibles objetivos, entre ellos políticos demócratas, activistas pro‑aborto y clínicas de salud reproductiva. Las fuerzas de seguridad también recuperaron varias armas de fuego, equipo táctico y una máscara de látex hiperrealista.
Tras un despliegue policial calificado como el mayor operativo de rastreo de la historia de Minnesota, Boelter fue detenido la noche del 15 de junio en una zona rural cerca de Green Isle. Inmediatamente enfrentó cargos estatales —dos de homicidio involuntario y dos de intento de homicidio— y federales por asesinato y acoso con arma de fuego; podría enfrentar la pena de muerte .
En un informe presentado en el juicio federal, se describe a Boelter como un hombre con antecedentes que incluyen un doctorado en liderazgo, participación en el sector privado y convicciones religiosas extremas . Además, en mensajes enviados a su familia después de los hechos, afirmó: “Dad went to war last night” (“Papá fue a la guerra anoche”).
El gobernador Tim Walz condenó el suceso como un acto “motivación política” y calificó los eventos como un golpe devastador para la comunidad democrática. Por su parte, legisladores locales y federales han reforzado su seguridad y se ha desplegado un fondo de recompensa de 50 000 USD ofrecido por el FBI para recabar información adicional.
El caso mantiene en alerta a las autoridades por el riesgo de actos similares de violencia motivada políticamente. La investigación sigue abierta, y se intensifica el llamado a revisar los mecanismos de protección para servidores públicos en Estados Unidos.
