Las autoridades en Yucatán han establecido un plazo de seis meses para que los propietarios de inmuebles utilizados como alojamientos temporales, principalmente a través de plataformas como Airbnb, regularicen sus contratos de suministro de agua potable. La medida responde a la creciente preocupación por el uso adecuado de los recursos hídricos en la entidad.
De acuerdo con la información difundida, el objetivo principal es que estos inmuebles dejen de operar con contratos domésticos y adopten esquemas acordes a su actividad comercial. Esto permitirá un mejor control del consumo de agua, así como una distribución más equitativa del recurso entre la población.
Funcionarios señalaron que muchos de estos alojamientos funcionan actualmente bajo tarifas residenciales, a pesar de generar ingresos mediante el arrendamiento a corto plazo. En ese sentido, se busca que los propietarios cumplan con la normativa vigente y contribuyan de manera justa al sistema de agua potable.
Según lo informado, las autoridades advirtieron que, en caso de incumplimiento tras el periodo establecido, podrían aplicarse sanciones. La intención no es únicamente regular, sino también garantizar la sostenibilidad del servicio ante el crecimiento del turismo y el aumento en la demanda de agua.
Asimismo, se destacó que esta disposición forma parte de una estrategia más amplia para ordenar el uso de servicios básicos en propiedades destinadas a actividades comerciales encubiertas como residenciales. La medida también pretende evitar afectaciones en el suministro para habitantes permanentes.
El plazo de seis meses comenzará a partir de la notificación oficial a los propietarios, quienes deberán realizar los trámites correspondientes para modificar sus contratos. Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con esta disposición para evitar problemas legales y contribuir al cuidado del recurso hídrico en la región.
