El 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda presentada por el gobierno de México contra varias empresas fabricantes de armas, incluyendo Smith & Wesson, Colt y Glock. La demanda acusaba a estas compañías de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia México, contribuyendo así a la violencia generada por los cárteles. Sin embargo, el tribunal concluyó que las empresas están protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), la cual otorga inmunidad a los fabricantes frente a demandas por el uso indebido de sus productos por terceros .
A pesar del revés legal, expertos y activistas consideran que la demanda ha tenido un impacto significativo al visibilizar el problema del tráfico de armas y su relación con la violencia en México. El proceso judicial ha generado conciencia en la sociedad estadounidense sobre las consecuencias transnacionales del comercio de armas y ha abierto un debate sobre la responsabilidad de la industria armamentista en la proliferación de violencia fuera de sus fronteras .
El gobierno mexicano ha anunciado su intención de continuar explorando vías legales y diplomáticas para abordar el tráfico ilegal de armas. Además, mantiene activa otra demanda en Arizona contra distribuidores de armas, buscando responsabilizar a quienes facilitan el acceso de armamento a grupos criminales en México .
Este caso sienta un precedente en el ámbito jurídico internacional, al ser la primera vez que un país demanda a fabricantes de armas de otro país por los efectos de sus productos en su territorio. Aunque la Corte Suprema de EE. UU. falló en contra de México, el caso ha impulsado una discusión global sobre la necesidad de regular el comercio de armas y su impacto en la seguridad de las naciones.
