La Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ha emitido órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia. Ambos son acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en relación con su labor en la CICIG durante las investigaciones sobre el caso Odebrecht .
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, quien solicitó las órdenes, afirmó que Velásquez y Camargo formaban parte de una “estructura criminal” que favoreció a la constructora brasileña Odebrecht, causando una pérdida de más de tres mil millones de quetzales al Estado guatemalteco. Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y obstrucción de investigaciones, ha sido criticado por organizaciones internacionales por utilizar el sistema judicial para perseguir a operadores de justicia y periodistas .
La CICIG, establecida en 2007 mediante un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tenía como objetivo apoyar al Ministerio Público y otras instituciones en la investigación y desmantelamiento de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos. Durante su funcionamiento, la comisión fue reconocida por su labor en la lucha contra la corrupción, llevando a juicio a altos funcionarios y exmandatarios. Sin embargo, en 2019, el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato tras verse implicado en investigaciones de la comisión .
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante las órdenes de captura. La canciller colombiana, Laura Sarabia, expresó un “enérgico rechazo” a la medida, calificándola de “atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional” y señalando la falta de “una base probatoria sólida” y “procedimientos transparentes” en el caso .
Iván Velásquez, por su parte, denunció en redes sociales que la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, y el fiscal Curruchiche, ambos sancionados por corrupción, están extendiendo su persecución contra él y Camargo. “Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos gu … “, escribió .
Analistas y organizaciones como Human Rights Watch consideran que estas acciones forman parte de un patrón de criminalización contra operadores de justicia que lucharon contra la impunidad en Guatemala. La directora para las Américas de Human … , Juanita Goebertus, afirmó que las órdenes de captura “hacen parte … ” .
La situación plantea serias interrogantes sobre la independencia del sistema judicial guatemalteco y el futuro de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción en la región.
