El 22 de mayo de 2025, el juez federal Myong Joun emitió una orden judicial preliminar que detiene los esfuerzos de la administración del expresidente Donald Trump para desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos. La decisión obliga a la reinstalación inmediata de aproximadamente 1,400 empleados despedidos tras un plan de reducción de personal anunciado el 11 de marzo.
El juez Joun determinó que los recortes, realizados sin la aprobación del Congreso, dejaron al departamento incapaz de cumplir con sus funciones mandatadas por la ley. La plantilla del departamento se redujo de más de 4,100 empleados al inicio de la administración a menos de 2,200, afectando significativamente oficinas clave como la de Ayuda Federal para Estudiantes y la Oficina de Derechos Civiles.
La orden judicial responde a demandas presentadas por estados, distritos escolares y sindicatos, quienes argumentaron que los despidos causaron daños irreparables al afectar servicios educativos y el acceso a ayuda financiera. El juez Joun señaló que “un departamento sin suficientes empleados para realizar funciones estatutarias no es un departamento en absoluto”.
La administración Trump defendió los despidos como una medida para mejorar la eficiencia, pero el juez concluyó que no había evidencia de que los recortes mejoraran la funcionalidad del departamento. La portavoz del Departamento de Educación, Madi Biedermann, calificó la decisión como una extralimitación judicial y anunció que se apelará la orden.
Sindicatos y organizaciones educativas celebraron el fallo como una victoria para la integridad del sistema educativo y la continuidad de los servicios esenciales. Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, declaró que la decisión es “un primer paso para revertir esta guerra contra el conocimiento y la oportunidad”.
