ASF detecta irregularidades por 120 millones de pesos durante gobierno de Armando Ayala en Ensenada
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por aproximadamente 120 millones de pesos durante el último año de la administración de Armando Ayala Robles como presidente municipal de Ensenada, Baja California. Las observaciones están relacionadas con inconsistencias en el manejo de recursos públicos, documentación insuficiente y falta de elementos para comprobar la ejecución de obras y servicios contratados por el Ayuntamiento.
De acuerdo con los resultados de la fiscalización, las anomalías corresponden al periodo en el que Ayala Robles encabezaba el gobierno municipal, antes de incorporarse al Senado de la República por Morena. El exalcalde también ha sido identificado como un personaje cercano al senador Adán Augusto López Hernández, con quien mantuvo vínculos políticos durante el proceso interno del partido rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.
Entre los principales hallazgos se encuentran 11.3 millones de pesos correspondientes a recursos federales que no contaban con los registros contables y presupuestales necesarios para justificar su utilización. A esta cantidad se suman aproximadamente 108.6 millones de pesos relacionados con obras y servicios cuya recepción o correcta ejecución no pudo acreditarse mediante la documentación presentada por la administración municipal.
Uno de los contratos señalados corresponde a los servicios de alumbrado público proporcionados por la empresa Trafficlight, por un monto de 94.86 millones de pesos. Según las observaciones difundidas, el gobierno municipal no entregó evidencia suficiente, como reportes de servicio, manuales y dictámenes de calidad, que permitiera comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión.
La fiscalización también identificó inconsistencias relacionadas con un contrato de arrendamiento de equipos celebrado con Recolectora de la Ciudad, S.A. de C.V., por aproximadamente 11.62 millones de pesos. En este caso, las observaciones se concentraron en la falta de documentación que permitiera verificar adecuadamente los servicios contratados y el seguimiento de los recursos utilizados.
Asimismo, se señalaron 13.81 millones de pesos vinculados con trabajos de alumbrado en la vialidad Chapultepec-Maneadero y obras de drenaje relacionadas con la empresa Lomas de San Fernando y Gaytán. Entre las deficiencias detectadas destacan omisiones en los mecanismos de supervisión y la ausencia de pruebas suficientes para confirmar las condiciones de operación de los trabajos realizados.
La ASF consideró insuficientes los documentos presentados por el Ayuntamiento para aclarar distintas observaciones. Esta situación mantiene bajo revisión la comprobación de recursos destinados a servicios e infraestructura pública durante el cierre de la administración encabezada por Ayala Robles.
Armando Ayala gobernó Ensenada durante dos periodos consecutivos, de 2019 a 2021 y de 2021 a 2024. Posteriormente, asumió un escaño en el Senado en septiembre de 2024, desde donde continuó su participación en la política de Baja California y en las actividades de Morena.
El 19 de junio de 2026 solicitó licencia a su cargo legislativo con la intención de buscar la coordinación estatal de Morena en Baja California. Sin embargo, el partido designó a la senadora Julieta Ramírez para desempeñar esa función.
Las observaciones adquieren relevancia por el monto de los recursos involucrados y por la trayectoria política del exalcalde, quien ha mantenido presencia dentro de Morena tanto en el ámbito estatal como nacional.
No obstante, los señalamientos de la ASF no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de desvío de recursos ni acreditan responsabilidad penal. Para establecer posibles responsabilidades será necesario conocer el seguimiento de las auditorías, las aclaraciones presentadas y las resoluciones que correspondan.
El caso coloca nuevamente en el centro de la discusión la transparencia en el ejercicio del presupuesto municipal, particularmente en los contratos de servicios públicos y proyectos de infraestructura que requieren mecanismos de supervisión y comprobación del gasto.