Detectan venta ilegal de medicamentos gratuitos afuera de hospitales públicos en México
El Gobierno de México reconoció que se han identificado casos de desvío de medicamentos destinados al sistema público de salud, los cuales terminan comercializándose de manera irregular, incluso en las inmediaciones de los propios hospitales. Esta situación ha encendido las alertas de las autoridades, debido a que afecta directamente a los pacientes que dependen de tratamientos gratuitos.
Durante la conferencia matutina de este martes 20 de octubre, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, confirmó que existen casos documentados de estas prácticas, además de otros que todavía requieren investigaciones para determinar cómo se realizan y quiénes están involucrados.
El funcionario explicó que algunos medicamentos adquiridos con recursos públicos son sustraídos de hospitales y centros de salud para posteriormente ofrecerse a la venta, pese a que están destinados exclusivamente a la atención gratuita de la población.
Clark calificó esta situación como “una cosa horriblemente dolorosa”, al señalar que resulta especialmente grave que un paciente no encuentre el medicamento que necesita dentro de una institución pública y posteriormente se lo ofrezcan a cambio de dinero fuera de las instalaciones.
Sin embargo, aclaró que estos hechos no significan que los médicos, enfermeras o trabajadores del sector salud sean responsables del desabasto de medicamentos que enfrentan distintas instituciones del país. Subrayó que existen situaciones específicas que deben investigarse, sin generalizar las acusaciones contra el personal médico.
Ante este panorama, el Gobierno federal anunció medidas para fortalecer la identificación y vigilancia de los medicamentos adquiridos por las instituciones públicas. Una de las primeras acciones consiste en solicitar a las empresas farmacéuticas que incorporen advertencias más visibles en los empaques, con el propósito de que los pacientes puedan reconocer fácilmente que esos productos son propiedad del sector público y deben entregarse sin costo.
Actualmente, algunos medicamentos cuentan con leyendas que indican su uso exclusivo dentro de las instituciones de salud. No obstante, las autoridades consideran que estas identificaciones deben ser más claras para evitar que los productos sean comercializados de manera irregular.
Otra de las estrategias contempla la implementación de herramientas digitales que permitan rastrear los medicamentos desde su adquisición hasta su entrega final. Con este sistema, las autoridades buscarán identificar los lotes, conocer su procedencia y determinar a qué institución o paciente fueron destinados.
El mecanismo tendrá especial importancia en el seguimiento de tratamientos de alto costo, debido a que existen medicamentos cuyo precio supera los 200 mil pesos por caja. La intención es contar con información que permita detectar posibles irregularidades cuando estos productos aparezcan fuera de los establecimientos públicos.
El reconocimiento de estas prácticas ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno de Claudia Sheinbaum por mejorar el abastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud. Durante los últimos días, la mandataria también ha señalado que los procedimientos burocráticos y las dificultades de distribución representan obstáculos para garantizar que los insumos lleguen oportunamente a los pacientes.
Las autoridades federales sostienen que la transformación del sistema de distribución, acompañada de una mayor vigilancia sobre los inventarios, permitirá reducir las irregularidades y mejorar el control de los recursos destinados a la atención médica.
Por ahora, no se ha precisado públicamente el número total de casos identificados ni la cantidad de medicamentos desviados. Las investigaciones deberán esclarecer las circunstancias en las que se producen estas operaciones y determinar las posibles responsabilidades.
El caso representa un nuevo desafío para el sistema público de salud, cuyo objetivo es garantizar que los medicamentos adquiridos con recursos del Estado lleguen a quienes los necesitan, sin que terminen convirtiéndose en mercancía para su venta ilegal.