Sheinbaum contradice a la FGR y niega que agentes de la CIA desmantelaran narcolaboratorio en Chihuahua
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fueran responsables del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas localizado en la Sierra de El Pinal, en Chihuahua. Sus declaraciones contrastan con los señalamientos contenidos en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la participación de personal estadounidense en el operativo.
La controversia surge a raíz de las investigaciones relacionadas con la intervención realizada en abril de 2026, cuando autoridades estatales localizaron un laboratorio dedicado presuntamente a la producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua. El caso adquirió relevancia nacional después de que se conociera la presencia de agentes estadounidenses durante las actividades desarrolladas en la zona.
La mandataria federal ha sostenido que los agentes extranjeros participaron en labores de acompañamiento e intercambio de información, pero no ejecutaron directamente el desmantelamiento de las instalaciones clandestinas. Esta posición marca una diferencia con los elementos de investigación de la FGR, que señalan una participación operativa de personal estadounidense junto con autoridades estatales.
De acuerdo con las investigaciones federales, existen declaraciones ministeriales, registros y otros elementos que apuntan a la intervención de agentes de la CIA en las actividades realizadas en El Pinal. Estas circunstancias forman parte de una investigación sobre posibles violaciones a la legislación mexicana y a las disposiciones que regulan la participación de funcionarios extranjeros en tareas de seguridad.
El caso también involucra al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien fue detenido en el marco de las investigaciones relacionadas con la presunta autorización de actividades de agentes estadounidenses sin los permisos correspondientes. Entre los señalamientos en su contra se encuentra el presunto delito de traición a la patria, cuya responsabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial.
Uno de los acontecimientos que permitió conocer la presencia de los estadounidenses ocurrió después de la localización del laboratorio, cuando un vehículo sufrió un accidente en una zona serrana de Chihuahua. En el percance fallecieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía estatal.
A partir de estos hechos, las autoridades federales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del operativo, la participación de los funcionarios extranjeros y las posibles irregularidades cometidas por servidores públicos mexicanos.
La FGR también ha señalado que el aseguramiento y desmantelamiento de laboratorios clandestinos vinculados con delitos federales corresponde a las autoridades competentes de la Federación. En junio, la institución informó que su personal era el encargado de continuar con el desmantelamiento de las instalaciones de El Pinal, debido al volumen de materiales y sustancias encontrados.
Por su parte, Sheinbaum ha reiterado que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe realizarse dentro del marco legal, mediante mecanismos de intercambio de información e inteligencia, sin permitir que agentes extranjeros ejecuten operaciones de seguridad en territorio nacional sin autorización.
Las diferencias entre la postura presidencial y los elementos expuestos en la investigación federal mantienen abiertas las interrogantes sobre el alcance de la intervención estadounidense y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El caso de El Pinal continúa bajo investigación y se ha convertido en un asunto de relevancia nacional, tanto por sus implicaciones legales como por el debate sobre la soberanía mexicana y los límites de la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico. Las autoridades deberán esclarecer quiénes participaron directamente en las acciones realizadas en el laboratorio y bajo qué condiciones se desarrolló el operativo.