Un reciente video de CNN en Español expone un fenómeno inquietante: en ocho estados de la República, las autoridades iniciaron más carpetas de investigación por aborto que por feminicidio . Esta situación contrasta con la percepción pública sobre ambos temas y evidencia prioridades y prácticas judiciales diversas.
Las conclusiones del reportaje muestran que, pese al avance legal en la protección de los derechos reproductivos tras los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), persisten investigaciones por aborto en estados donde dicho acto ya no debería considerarse delito. Tan solo en Guanajuato, el Congreso estatal rechazó despenalizar el aborto, y la fiscalía local abrió 72 investigaciones por esa causa, comparadas con 68 por feminicidio.
Este contraste evidencia una paradoja legal: aunque la SCJN declaró en 2021 inconstitucional criminalizar el aborto consentido, en la práctica algunas fiscalías siguen actuando contra mujeres que interrumpen su embarazo, mientras que los casos de violencia extrema contra mujeres no reciben igual atención o investigación.
Distintas organizaciones advierten que esta situación agrava la impunidad: los feminicidios, definidos legalmente como homicidios motivados por razones de género, continúan siendo tratados como homicidios comunes, lo que reduce la posibilidad de justicia. De hecho, estudios recientes señalan que las leyes contra el feminicidio y la despenalización del aborto aún no han logrado disminuir las tasas de feminicidio.
El reportaje también cuestiona los criterios que utilizan las fiscalías para atraer carpetas por aborto, considerando que en muchos casos se trata de interrupciones consentidas dentro del marco legal establecido por la SCJN. Ante ello, abogados y activistas exigen que se respeten los derechos reproductivos y que los procesos jurídicos se ajusten a los estándares constitucionales y de derechos humanos.
