La Cámara de Diputados y el Senado de México han aprobado recientemente reformas legales que buscan implementar una CURP biométrica obligatoria e integrar múltiples bases de datos oficiales en una Plataforma Única de Identidad. Estas modificaciones, incluidas en la Ley General de Población y la Ley en materia de desaparecidos, permiten vincular la clave de identidad con huellas digitales, reconocimiento facial e iris, con el objetivo declarado de acelerar la búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, diversas organizaciones de derechos digitales, colectivos y expertos advierten que dichas reformas podrían erigir un sistema de vigilancia estatal sin precedentes, sin control judicial ni mecanismos de transparencia. El abogado en tecnología y derechos humanos Luis Fernando García ha señalado que estas iniciativas “implican la construcción de un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México”, pues obligan a la población a entregar datos biométricos para acceder a servicios públicos y privados.
Además, se plantea que instituciones como el CNI, Guardia Nacional e INE tendrán acceso inmediato y sin supervisión judicial a esta plataforma, lo que conlleva un riesgo elevado de abuso y espionaje interno. Los críticos también advierten que, de concretarse, se concentraría información sensible en una sola plataforma, aumentando la vulnerabilidad ante ataques informáticos o su uso discrecional .
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que suman más de 100 organizaciones y 200 familias, han manifestado su rechazo a la reforma. Señalan que la medida “no atiende la crisis en materia de desaparición de personas y tiene como objetivo imponer un sistema de vigilancia masiva”. Subrayan que existen 72 000 cuerpos sin identificar y que el enfoque debería centrarse en fortalecer los mecanismos de búsqueda y la infraestructura forense, no en ampliar el control estatal de datos.
El gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha rechazado las acusaciones y asegura que la reforma “no es para espiar a nadie”, pues las intervenciones requieren autorización judicial. Ha destacado que la iniciativa es una medida responsable y humanista orientada a combatir las desapariciones, aunque los expertos recuerdan que no resuelve el rezago forense ni la impunidad.
En resumen, las reformas a la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad están encaminadas a integrar datos biométricos y personales en un sistema digitalizado para agilizar trámites y búsquedas. No obstante, su alcance sin controles judiciales y el acceso irrestricto de autoridades ha generado alarma por el riesgo de instaurar un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en el país.
