Bogotá, Colombia (17 de junio de 2025). – El Senado de la República aprobó en la noche del martes la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, en medio de intensas tensiones políticas y debates ideológicos. La votación final fue de 57 votos a favor y 31 en contra, consolidando una victoria legislativa tras meses de resistencia en el Congreso .
Cambios clave aprobados
- Recargos mejorados:
- El recargo dominical y festivo sube del 75 % al 100 %.
- El recargo nocturno comienza a aplicarse desde las 7 p.m., en lugar de las 9 p.m.
- Regulación del trabajo digital:
- Plataformas de reparto deberán emplear formalmente a sus colaboradores, ya sea como autónomos con prestaciones o como asalariados, y garantizarles seguridad social .
- Prohíben exclusividad impuesta por apps y exigen supervisión humana a algoritmos de gestión.
- Aprendices del SENA:
- Vuelve a considerarse su relación laboral más que una mera fase de formación.
- En el primer año, recibirán al menos el 75 % del salario mínimo vigente, y el 100 % en el segundo.
- Jornada y contratación:
- Se refuerza el contrato laboral como modalidad predominante, reduciendo el uso de contratos a corto plazo y eliminando la opción de contratación por horas.
- Jornada diurna establecida:
- Se consagra la jornada estándar de ocho horas diarias.
Proceso pendiente
El texto ahora avanza a una fase de conciliación entre Senado y Cámara de Representantes, con la meta de cerrar el acuerdo antes del 20 de junio, fecha límite del actual periodo legislativo.
Contexto político y tensión institucional
- El gobierno de Petro ha insistido en activar una consulta popular para legitimar estas reformas, pese al rechazo del Senado. Dicha consulta fue originalmente bloqueada en mayo, y luego la administración la restableció por decreto, generando un enfrentamiento con la rama legislativa.
- Petro también ha sugerido convocar una asamblea constituyente si persiste la negativa del Congreso de respaldar la reforma .
- Opositores advierten sobre un posible autoritarismo, acusando injerencia indebida en el poder legislativo, mientras que sectores empresariales alertan sobre un incremento de costos laborales del 6,8 % al 35 %, lo que podría afectar la creación de empleo formal
