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Tres países africanos rechazan recibir a Ábrego García en medio de debate migratorio

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El Gobierno de Ghana rechazó la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García desde Estados Unidos, negándose a actuar como país receptor de su traslado, informó el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa. Él declaró en redes sociales: «Ghana no acepta a Abrego García. No puede ser deportado a Ghana. Esto se ha comunicado de forma directa y sin ambigüedades a las autoridades estadounidenses».

Ablakwa añadió: «En mis interacciones con funcionarios estadounidenses, dejé claro que nuestra decisión de aceptar a un número limitado de ciudadanos de África occidental sin antecedentes penales (…) no se ampliaría». En ese sentido, subrayó que Ghana «niega firmemente esas informaciones engañosas difundidas por los medios de comunicación».

La negativa de Ghana se suma a la renuencia expresada por Uganda y Esuatini, países que, según reportes, también declinaron actuar como destino para la deportación de Ábrego García.

Kilmar Ábrego García enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de personas. Según medios, la Administración estadounidense buscó su extradición o expulsión hacia Ghana tras haber considerado previamente Uganda y Esuatini como posibles destinos alternativos.

De acuerdo con la información disponible, Ábrego García huyó hacia Estados Unidos hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en El Salvador. Fue deportado erróneamente en marzo pasado y luego repatriado por vía judicial, siendo arrestado nuevamente en territorio estadounidense y acusado del delito de tráfico de inmigrantes.

Durante el proceso legal, Washington ofreció a Ábrego García un acuerdo de culpabilidad que implicaba su deportación a Costa Rica, pero él lo rechazó. Posteriormente, también rechazó ser llevado a Uganda. Un juez federal ha dicho que el proceso penal contra él podría constituir «una represalia ilegal» por parte de la Administración de Donald Trump.

La reactivación de vuelos de deportación hacia terceros países fue autorizada después de que la Corte Suprema concediera al Gobierno de Trump la facultad para llevar a cabo estas expulsiones, una pieza central de sus políticas migratorias.

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