El pasado 19 y 20 de junio de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos determinó que el expresidente Donald Trump actuó conforme a la ley al federalizar y desplegar la Guardia Nacional de California en Los Ángeles. Con una votación unánime (dos jueces designados por Trump y una por Biden), el tribunal revocó una decisión previa —emitida el 12 de junio por el juez Charles Breyer— que consideraba ilegal la acción y ordenaba el regreso del control estatal de las tropas.
La corte señaló que existían “evidencias suficientes” de protestas violentas y daños a propiedad federal, legislación que autoriza al presidente a actuar en estos casos. Este fallo reafirma la interpretación de que el Gobierno federal no requiere la aprobación del gobernador para federalizar la Guardia Nacional cuando lo juzga necesario.
El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta habían impugnado la medida, argumentando que las fuerzas estatales tenían el asunto bajo control y que no se siguió el procedimiento adecuado. Sin embargo, según el tribunal “el presidente notificó al ayudante general de la Guardia Nacional”, cumpliendo con los requisitos formales.
El fallo permite que los aproximadamente 4 000 efectivos de la Guardia Nacional y los 700 marines activados permanezcan en Los Ángeles, lo que marca la primera vez desde 1965 que un presidente federaliza estas fuerzas sin consentimiento estatal.
La Administración Trump celebró el fallo en redes como Truth Social, con críticas al gobernador Newsom, a quien acusó de incompetente. Por su parte, Newsom respondió señalando que esta decisión judicial confirma que las acciones presidenciales sí están sujetas a revisión, y se comprometió a continuar la batalla legal.
Por último, este caso establece un precedente significativo sobre la amplitud del poder presidencial para desplegar la Guardia Nacional y redefine las tensiones entre facultades federales y derechos estatales, mientras el litigio continúa pendiente de futuras resoluciones.
