Uganda ha rechazado tajantemente la existencia de un acuerdo formal con Estados Unidos para recibir migrantes deportados, desmintiendo versiones anteriores que apuntaban a una negociación encubierta al respecto. El ministro de Asuntos Exteriores, Henry Oryem Okello, declaró que “no existe tal acuerdo” y argumentó que el país carece de la infraestructura necesaria para acoger a esos migrantes.
No obstante, poco después, el gobierno ugandés reconoció la posibilidad de un arreglo temporal bajo el marco de deportaciones hacia un “tercer país”. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Uganda aceptaría personas que no hayan conseguido asilo en EE.UU. pero que se resistan a regresar a sus países de origen, siempre que no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados. Asimismo, expresaron preferencia por recibir nacionales africanos.
El anuncio generó una avalancha de críticas dentro del país. Legisladores de oposición advirtieron que el acuerdo no contó con la aprobación del parlamento, y algunos calificaron el pacto como dudoso desde lo ético y lo legal, incluso comparándolo con “trata de personas”. Estos cuestionamientos surgen en un contexto de elevada presión sobre el presidente Yoweri Museveni, acusado de autoritarismo, con sanciones impuestas por Estados Unidos relacionadas con violaciones a derechos humanos y, en especial, por la promulgación de una ley anti‑LGBTQ en 2023.
A ello se suma el caso mediático de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico de personas, cuya deportación a Uganda se ha convertido en una pieza central del debate. Su posible traslado a aquel país sin vínculos ni idioma común ha intensificado las preocupaciones sobre la legalidad y la transparencia del proceso.
El panorama que se vislumbra es el de un país que enfrenta una crisis humanitaria y de reputación. Uganda ya alberga casi dos millones de refugiados, principalmente de países vecinos como República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Sudán. Aceptar deportados adicionales, especialmente en condiciones opacas, podría agravar tensiones internas y debilitar la legitimidad del gobierno de Museveni, mientras persisten reclamos por mejores condiciones institucionales y mayor rendición de cuentas.
