México vivió un proceso electoral sin precedentes al permitir, por primera vez, que la ciudadanía eligiera directamente a más de 2,600 funcionarios del Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, buscó democratizar la justicia y combatir la corrupción en el sistema judicial .
A pesar de la magnitud del evento, la participación ciudadana fue notablemente baja, alcanzando apenas un 13% del electorado, lo que equivale a aproximadamente 13 millones de votantes . Este nivel de participación ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y la representatividad de los funcionarios electos.
Entre los resultados más destacados, el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz obtuvo la mayoría de los votos para la SCJN, lo que lo posiciona como el próximo presidente del máximo tribunal del país. Aguilar Ortiz, originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, es reconocido por su activismo en defensa de los derechos indígenas y su labor en la restitución de tierras a comunidades originarias .
La conformación de la nueva SCJN incluye a nueve ministros, de los cuales cinco son mujeres y cuatro hombres. Todos los nuevos integrantes tienen vínculos con el partido oficialista Morena, a excepción de Giovanni Figueroa, académico de la Universidad Iberoamericana . Este dominio ha suscitado preocupaciones sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes en el país.
Además de la SCJN, se eligieron 386 jueces de distrito y 464 magistrados de circuito. Los nuevos funcionarios asumirán sus cargos el 1 de septiembre de 2025, y su periodo en funciones variará entre ocho y once años, dependiendo del número de votos obtenidos .
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proceso electoral, calificándolo como un “éxito completo” y afirmando que “México es el país más democrático del mundo” . Sin embargo, diversos analistas y organizaciones han expresado su preocupación por la posible politización del Poder Judicial y la falta de experiencia de algunos de los nuevos jueces.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene hasta el 10 de junio para completar los cómputos oficiales, y los resultados finales se darán a conocer el 15 de junio. Las impugnaciones al proceso podrán presentarse hasta el 28 de agosto.
Estas elecciones representan un cambio significativo en la forma en que se configura el sistema de justicia en México, y su impacto en la independencia judicial y la democracia será objeto de análisis en los próximos años.
