La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad la demanda presentada por el Gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta. La demanda alegaba que estas empresas facilitaban el tráfico ilegal de armas hacia México, contribuyendo a la violencia perpetrada por los cárteles.
En la opinión redactada por la jueza Elena Kagan, el tribunal concluyó que la demanda mexicana no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de 2005, la cual protege a los fabricantes de armas de fuego de ciertas responsabilidades civiles. Kagan señaló que “la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes hayan ayudado e instigado las ventas ilegales de armas a traficantes mexicanos”. Añadió que, aunque es probable que algunas ventas ilegales ocurran y que los fabricantes lo sepan, México no logró demostrar una participación consciente y culpable en dichas actividades.
La demanda, presentada en 2021, buscaba responsabilizar a los fabricantes por prácticas que, según México, facilitaban el acceso de los cárteles a armas de fuego, incluyendo la producción y comercialización de modelos como la pistola “Super El Jefe” y la “Emiliano Zapata 1911”. Sin embargo, la Corte determinó que tales prácticas no constituyen una violación directa de la ley que permita eludir las protecciones de la PLCAA.
El asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Pablo Arrocha Olabuenaga, expresó su decepción por la decisión y afirmó que el gobierno continuará explorando otras vías legales para combatir el tráfico de armas y proteger a sus ciudadanos.
Por su parte, representantes de la industria armamentista celebraron el fallo como una reafirmación de las protecciones legales otorgadas por la PLCAA. No obstante, organizaciones defensoras del control de armas señalaron que la decisión deja abierta la posibilidad de futuras demandas si se presentan pruebas más contundentes de violaciones legales por parte de los fabricantes.
Este fallo marca un precedente significativo en la relación legal entre gobiernos extranjeros y fabricantes de armas estadounidenses, destacando las limitaciones impuestas por la legislación vigente en cuanto a la responsabilidad civil de estas empresas.
