El Gobierno federal abrió un nuevo frente legal en el caso Calica, al reclamar formalmente 6.1 hectáreas ubicadas dentro del área concesionada del puerto de Punta Venado, en Quintana Roo. La Federación sostiene que dichos terrenos fueron donados desde 1991 por una filial vinculada a Vulcan Materials Company, aunque el acto no habría sido inscrito oficialmente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
De acuerdo con la información disponible, la solicitud fue promovida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el propósito de formalizar la inscripción de la donación y consolidar la posesión de la superficie a favor de la Federación. El procedimiento se relaciona con un contrato firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Gobierno federal y Rancho Piedra Caliza, S. de R.L. de C.V., empresa vinculada a las operaciones de Calica en México.
Las hectáreas reclamadas forman parte de un polígono de 201.9 hectáreas adquirido por la empresa en 1986, actualmente asociado al área de maniobras portuarias de Punta Venado, al sur de Playa del Carmen. Esta zona ha sido considerada estratégica por su papel en las operaciones de extracción, traslado y exportación de material pétreo en Quintana Roo.
El caso se suma a la disputa que desde hace varios años mantienen el Gobierno de México y Calica, filial de Vulcan Materials Company. La controversia ha involucrado señalamientos oficiales sobre posibles afectaciones ambientales, mientras que la empresa ha defendido sus inversiones, permisos y derechos adquiridos. En septiembre de 2024, el Gobierno mexicano declaró como área natural protegida un polígono de más de 53 mil hectáreas en Quintana Roo, el cual incluyó terrenos vinculados a la mina y al puerto de Punta Venado.
Documentos públicos citados en la información periodística señalan que Calica invirtió más de 17 millones de nuevos pesos en infraestructura para el desarrollo del puerto de Punta Venado, incluyendo una terminal de transbordadores, plataformas de servicio, edificios operativos y un acceso conectado con la carretera federal 307. Durante casi cuatro décadas, el puerto fue utilizado para el envío de material pétreo extraído en la región, actividad que actualmente permanece detenida por acciones emprendidas por autoridades federales.
El avance del procedimiento promovido por la Sedatu podría abrir un nuevo capítulo en el conflicto jurídico entre la Federación y la empresa, en un punto considerado de alto valor logístico y económico para la Riviera Maya. Hasta el momento, la disputa continúa en el terreno legal y administrativo, mientras Punta Venado permanece como uno de los espacios centrales en la controversia entre México y Vulcan Materials Company.
