Miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios se movilizaron este lunes en distintas ciudades de Argentina para protestar contra los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei al sistema de educación superior pública. La llamada Marcha Federal Universitaria tuvo su principal concentración en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde organizaciones estudiantiles y autoridades académicas denunciaron una profunda crisis financiera que, aseguran, amenaza el funcionamiento de las universidades nacionales.
La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y sindicatos docentes, en medio de un creciente conflicto entre las instituciones educativas y el gobierno argentino por la falta de actualización del presupuesto universitario frente a la inflación y el ajuste fiscal aplicado por la administración libertaria.
Durante la jornada, miles de personas participaron en marchas, clases públicas, paros y actos simbólicos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y otras ciudades del país. Los manifestantes reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada posteriormente por resoluciones judiciales, pero cuya ejecución sigue sin concretarse plenamente por parte del Poder Ejecutivo.
En el acto central realizado en Plaza de Mayo, rectores y representantes universitarios advirtieron que la situación económica de las instituciones se ha vuelto “dramática” debido al deterioro salarial y la caída de recursos para funcionamiento básico, investigación y hospitales universitarios. Las autoridades señalaron que, de mantenerse el actual escenario, algunas universidades podrían enfrentar serias dificultades para concluir el ciclo académico.
Los dirigentes universitarios denunciaron además que el poder adquisitivo de las partidas presupuestarias cayó de forma significativa desde el inicio del gobierno de Milei a finales de 2023. Según los datos expuestos durante la movilización, las transferencias reales destinadas a universidades públicas habrían disminuido más de 45 por ciento en términos reales durante los últimos dos años y medio.
Los sindicatos docentes afirmaron que los salarios universitarios registran una caída histórica y denunciaron la renuncia de cientos de profesores e investigadores debido al deterioro económico. Diversos participantes sostuvieron que el ajuste presupuestario pone en riesgo no sólo el funcionamiento administrativo de las universidades, sino también proyectos científicos, programas de investigación y servicios hospitalarios vinculados a las casas de estudio.
Durante los discursos pronunciados en la Plaza de Mayo, varios rectores cuestionaron directamente las políticas del gobierno libertario y señalaron que la educación pública representa uno de los pilares históricos del desarrollo argentino. Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que la universidad pública enseña a pensar, formar conocimiento y desarrollar ciencia, elementos que calificó como esenciales para el futuro del país.
La protesta también contó con la participación de organizaciones sociales, sindicatos, sectores científicos y figuras de la cultura argentina, quienes expresaron preocupación por el impacto de los recortes en áreas estratégicas como ciencia, tecnología y salud pública. Investigadores advirtieron que muchos proyectos científicos enfrentan paralización por falta de recursos y alertaron sobre una posible fuga de talentos académicos.
El conflicto universitario se ha convertido en uno de los principales focos de tensión social para el gobierno de Javier Milei. Desde su llegada al poder, el presidente ha defendido una política de fuerte reducción del gasto público bajo la premisa de alcanzar equilibrio fiscal y reducir la inflación. Sin embargo, sus críticos sostienen que el ajuste afecta sectores estratégicos y profundiza el deterioro de servicios esenciales.
Milei ha cuestionado en diversas ocasiones el sistema de educación pública y ha sostenido que muchas universidades funcionan como espacios de adoctrinamiento ideológico. El mandatario también ha defendido una mayor participación del sector privado en educación superior y ha respaldado recortes en áreas científicas y tecnológicas.
Horas antes de la marcha, el gobierno anunció nuevos ajustes en partidas vinculadas a educación y ciencia, medida que incrementó aún más el malestar entre estudiantes y docentes. Diversos sectores opositores acusaron al Ejecutivo de intentar debilitar deliberadamente a las universidades públicas y desconocer resoluciones legislativas y judiciales relacionadas con el financiamiento educativo.
En respuesta a las críticas, funcionarios del gobierno argumentaron que las protestas tienen motivaciones políticas y aseguraron que el Estado mantiene diálogo con las autoridades universitarias. Sin embargo, los organizadores de la movilización señalaron que las demandas son estrictamente presupuestarias y reclamaron soluciones urgentes para evitar un deterioro irreversible del sistema universitario argentino.
La Marcha Federal Universitaria de este 12 de mayo se convirtió en una de las movilizaciones educativas más grandes registradas en Argentina desde el inicio del actual gobierno y reflejó el creciente nivel de confrontación entre el Ejecutivo y amplios sectores del ámbito académico y científico del país.
