La tensión entre autoridades y habitantes de Pisté aumentó nuevamente en Chichén Itzá luego de que el gobierno estatal cerrara con vallas metálicas y presencia policiaca el antiguo acceso principal a la zona arqueológica, medida que detonó nuevas protestas por parte de artesanos y miembros del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté y Chichén Itzá.
La inconformidad surgió mientras representantes comunitarios mantenían una mesa de diálogo con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para buscar acuerdos sobre la reubicación de artesanos al nuevo Centro de Atención al Visitante (Catvi).
Durante la reunión, integrantes del consejo recibieron información sobre el cierre físico del antiguo acceso, decisión que, según denunciaron, tenía como objetivo obligar a los visitantes a utilizar exclusivamente el nuevo Catvi.
Tras conocer la medida, los representantes abandonaron el diálogo y convocaron de emergencia a una concentración en la entrada cerrada. Durante la noche del lunes retiraron las vallas metálicas y permanecieron resguardando el lugar hasta la madrugada del martes.
Horas después, permitieron el ingreso gratuito de turistas y autobuses a la zona arqueológica sin el pago de las cuotas oficiales que cobran el INAH y el Patronato Cultur. Actualmente, el acceso para extranjeros tiene un costo de 697 pesos, mientras que para turistas nacionales es de 310 pesos y para residentes yucatecos de 105 pesos.
Posteriormente, el consejo ofreció una rueda de prensa en Pisté, donde informó que otras comunidades cercanas se sumaron a la protesta, aumentando la presión sobre las autoridades estatales y federales.
A pesar del ambiente de tensión, los manifestantes señalaron que la protesta se mantuvo pacífica y destacaron que existió respeto mutuo entre los integrantes de la comunidad y los elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional desplegados en la zona.
Durante la jornada únicamente se reportaron dos incidentes: la detención de dos turistas que subieron ilegalmente a la pirámide de El Castillo y la expulsión de un presunto infiltrado que intentó alterar la manifestación.
El Consejo Indígena reiteró que sus exigencias no representan intereses particulares, sino derechos respaldados por la Constitución y tratados internacionales. Entre sus principales demandas se encuentran la garantía de no desalojar a artesanos y prestadores de servicios, evitar el cierre definitivo del antiguo parador turístico, permitir el libre acceso de visitantes por cualquiera de las entradas y respetar ceremonias y tradiciones mayas dentro de Chichén Itzá.
Asimismo, acusaron al gobierno de romper el proceso de diálogo al cerrar el antiguo acceso mientras las negociaciones continuaban abiertas.
“Reafirmamos que no buscamos confrontación. Nuestra voluntad continúa siendo la construcción de acuerdos mediante el diálogo y el respeto mutuo”, expresó el consejo en un comunicado.
Durante la tarde también circularon versiones sobre posibles denuncias penales por el retiro de las vallas y el acceso gratuito a la zona arqueológica, aunque hasta el momento ni el INAH ni el Gobierno de Yucatán han confirmado oficialmente dichas acciones legales.
Más tarde, autoridades estatales convocaron a una reunión urgente en Valladolid con representantes del consejo, donde ambas partes acordaron instalar una mesa permanente de diálogo para buscar soluciones al conflicto.
Aunque la comunidad informó que mantendrá guardias en el acceso principal de Chichén Itzá, todavía no se ha definido si continuará permitiendo el ingreso gratuito de visitantes.
