Por: Eduardo Ruíz-Healy
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que
“Hay un plan de protección para candidatas y candidatos. Ya la SEDENA les hizo
llegar un planteamiento en ese sentido a la Sra. Xóchitl Gálvez y a la Sra.
Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder. Pero todos los que necesiten
protección se les garantizará. Vale más prevenir…”.
Sí, vale más prevenir, porque en México se juegan la vida
muchos de los que buscan un cargo de elección popular o participan activamente
en los asuntos políticos de sus comunidades, municipios y estados.
Los datos lo corroboran.
En el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020,
editado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE),
se anota que durante todo el proceso electoral 2017-2018, entre el 8 de
septiembre de 2017 y el 1 de julio de 2018, se perpetraron 774 agresiones que
dejaron un saldo de 152 asesinatos de actores políticos (funcionarios electos,
dirigentes y militantes de partidos, precandidatos y candidatos). En lo que
respecta a la cifra de homicidios dolosos, perdieron la vida en igual número de
atentados, 28 precandidatos y 20 candidatos. El registro de información arrojó
152 homicidios dolosos; 125 lesiones dolosas; 64 tentativas de homicidio; 59
atentados contra familiares; 38 asaltos; 31 secuestros, y 27 lesiones dolosas
con arma de fuego.
Y las cosas no mejoraron durante el proceso electoral
2020-2021, ya que entre el 7 de septiembre de 2020 y el 6 de junio de 2021 se
registraron 1066 agresiones, 38 % más que en el proceso 2017-2018. Si bien bajó
el número de asesinatos de políticos y aspirantes a un cargo, de 152 a 102 y de
48 a 36, respecto a tres años antes, hubo más agresiones de otros tipos.
Algunas de estas agresiones fueron resultado de la lucha por
el poder y de los negocios que este representa para quienes buscan un cargo. Si
es posible asustar o, de plano, eliminar a un rival en un país en donde la
impunidad es casi absoluta, ¿por qué no hacerlo?
Muchos analistas especializados en el tema de la violencia
afirman que la mayoría de las agresiones provienen del crimen organizado con el
fin de convencer a quienes buscan un cargo de elección o de alguna manera
influyen en la política local, a “portarse bien” con los delincuentes,
ignorando sus fechorías o apoyándolos en sus actividades.
Como lo anoté líneas arriba, AMLO dijo que se les
garantizará la protección a todos los candidatos y candidatas que la necesiten.
Desafortunadamente, la garantía presidencial no vale mucho
porque no se les podrá dar protección a la mayoría de los 21 268 candidatos y
candidatas que participarán en la elección del año entrante.
Es probable que Andrés Manuel se refiriera solo a quienes
competirán por la presidencia de la república y nueve gubernaturas, pero en
junio de 2024 los mexicanos también elegiremos a 500 diputados federales, 128
senadores, 1098 diputados locales. A nivel municipal elegiremos a 1938
presidentes, 1973 síndicos, 14 160 regidores y 1240 funcionarios diversos. En
la CDMX se elegirán 16 alcaldes y 160 concejales.
¿A ellos, especialmente a los que viven en zonas de alta
peligrosidad, les garantizará su seguridad?
Es poco probable porque el gobierno no tiene los recursos
humanos, económicos, materiales y técnicos para hacerlo.
Prometer es
fácil…
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