El 4 de junio de 2025, el Senado mexicano fue escenario de un acalorado enfrentamiento entre los senadores Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), y Gerardo Fernández Noroña, de Morena. El motivo del conflicto fue la controvertida reforma al Poder Judicial, que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Durante la sesión, Anaya criticó duramente la reforma, calificándola de “atropello al Poder Judicial” y “engaño a los mexicanos”. Señaló que las leyes secundarias de la reforma otorgan a Morena el control total sobre la selección de candidatos, eliminando la imparcialidad en el proceso. Anaya argumentó que, bajo el nuevo esquema, Morena decidiría quiénes aparecerán en las boletas electorales, socavando la independencia judicial .
Por su parte, Fernández Noroña defendió la reforma, afirmando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene facultades para revisar los actos del Poder Legislativo. Acusó a la SCJN de actuar de manera facciosa y reiteró que la elección de jueces se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, “lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte”.
Este enfrentamiento refleja las profundas divisiones políticas en torno a la reforma judicial. Mientras el oficialismo argumenta que la elección popular de jueces fortalecerá la democracia, la oposición advierte sobre los riesgos de politizar el sistema judicial y comprometer su independencia.
La reforma ha generado tensiones no solo en el ámbito legislativo, sino también entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha retomado el diálogo con la SCJN, buscando implementar la reforma sin descarrilar el proceso judicial.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones judiciales, programadas para el 1 de junio de 2025, el debate sobre la reforma continúa intensificándose, con implicaciones significativas para el equilibrio de poderes y la independencia del sistema judicial en México.