La Corte Suprema de Estados Unidos evalúa actualmente la legalidad de la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití y Siria, una medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump que podría afectar a más de 350.000 personas.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias residir y trabajar temporalmente en territorio estadounidense. Sin embargo, no ofrece una vía directa hacia la ciudadanía.
Durante las audiencias realizadas el 29 de abril de 2026, los magistrados del máximo tribunal mostraron posturas divididas. Por un lado, los jueces de tendencia conservadora se inclinaron a favor de la postura gubernamental, señalando que la cancelación del TPS podría considerarse una decisión dentro de la discrecionalidad del poder ejecutivo, especialmente en materia de política exterior.
En contraste, los jueces de perfil liberal cuestionaron la legalidad del proceso y plantearon dudas sobre posibles motivaciones discriminatorias. En este contexto, se hizo referencia a declaraciones pasadas del presidente Trump sobre inmigrantes, lo que generó inquietudes sobre un posible sesgo racial en la toma de decisiones.
El fiscal general John Sauer defendió la postura del gobierno al argumentar que la legislación vigente limita la revisión judicial de estas decisiones, comparándolas con otras acciones del Ejecutivo en materia internacional. Mientras tanto, abogados de los migrantes sostuvieron que la cancelación del TPS no cumplió con los procedimientos legales adecuados y que ignoró las condiciones actuales en Haití y Siria, donde persisten crisis humanitarias y situaciones de violencia.
De acuerdo con los datos presentados ante la Corte, más de 350.000 haitianos y alrededor de 6.100 sirios dependen actualmente de este programa. No obstante, el impacto potencial podría ser mucho mayor, ya que una decisión favorable al gobierno podría sentar un precedente que permitiría eliminar el TPS para ciudadanos de otros países, afectando hasta 1,3 millones de personas.
El caso también ha generado movilizaciones y protestas en defensa de los beneficiarios del programa, quienes advierten que la eliminación del TPS podría provocar deportaciones masivas y desestabilizar comunidades enteras en Estados Unidos.
Se espera que la Corte Suprema emita su fallo a mediados de 2026, en una decisión que podría redefinir el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria y el futuro de cientos de miles de personas que actualmente dependen de esta protección legal.
