La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en el centro de una creciente crisis política y social, marcada por nuevas denuncias constitucionales, renuncias en su gabinete y una profunda impopularidad.
La Fiscalía de la Nación presentó una tercera denuncia constitucional contra Boluarte y seis exministros de su primer gobierno, acusándolos de lesiones leves y graves a 75 manifestantes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Estas manifestaciones surgieron tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Boluarte al poder. Organizaciones de derechos humanos denunciaron represión y posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
En medio de esta situación, el primer ministro Gustavo Adrianzén renunció a su cargo para evitar una casi segura destitución en el Congreso, donde enfrentaba cuatro mociones de censura por mala gestión e incremento de la inseguridad. Su salida se produjo tras fuertes críticas por su manejo del secuestro y asesinato de 13 mineros en Pataz, hecho que agravó su ya debilitada popularidad.
La presidenta Boluarte nombró a Eduardo Arana, exministro de Justicia, como nuevo primer ministro. Sin embargo, la renovación del gabinete ha sido criticada por mantener a figuras conocidas y no atender las exigencias sociales de combatir el crimen organizado.
La popularidad de Boluarte ha caído drásticamente, registrando un 0% de aprobación en el norte del país, según una encuesta de Ipsos. A nivel nacional, más del 90% de la población desaprueba su gestión.
En marzo, la presidenta anunció la convocatoria de elecciones generales para abril de 2026, buscando cerrar el ciclo de inestabilidad que ha caracterizado su mandato. Sin embargo, diversos sectores consideran que se requiere una reforma estructural profunda para superar el colapso del actual sistema político peruano.
