El gobierno de Estados Unidos ha presentado, por primera vez, cargos de narcoterrorismo contra presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico.
Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, identificados como líderes de la Organización Beltrán Leyva —una facción del Cártel de Sinaloa—, enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas, lavado de dinero y delincuencia organizada. La acusación se produce tras la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera por parte de la administración Trump en febrero de 2025 .
La fiscal Pam Bondi destacó la necesidad de estrategias legales contundentes contra el Cártel de Sinaloa, señalado como el principal distribuidor de fentanilo en EE.UU. El operativo “Take Back America” también apunta a otros miembros del cartel, incluidos hijos y sobrinos de líderes históricos como “El Chapo” Guzmán .
La acusación incluye a otros cinco miembros de origen mexicano, guatemalteco y costarricense. Los acusados habrían facilitado el tráfico de grandes cantidades de fentanilo y cocaína desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos, utilizando rutas supervisadas por Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”, bajo la jerarquía de Isidro Meza Flores, uno de los criminales más buscados por EE.UU. Las drogas eran traficadas en empaques con símbolos como los de Pixar o Louis Vuitton. La incautación más grande se realizó en diciembre en Sinaloa con 1,5 toneladas de pastillas .
El fiscal federal Adam Gordon enfatizó el compromiso del gobierno estadounidense en capturar a los líderes del cartel, declarando que son “los cazados” en una conferencia de prensa .
Esta acción legal se enmarca en una política más agresiva de la administración Trump contra los cárteles mexicanos, que incluye la designación de seis cárteles y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas internacionales .
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su descontento con estas medidas, citando preocupaciones sobre la soberanía y las implicaciones legales para los fabricantes de armas en Estados Unidos .
Este caso marca un precedente en la forma en que Estados Unidos aborda el narcotráfico internacional, equiparando las acciones de los cárteles con actos de terrorismo y ampliando las herramientas legales para combatirlos.
