El próximo 1 de junio de 2025, México celebrará elecciones judiciales sin precedentes, en las que los ciudadanos elegirán a más de 3,400 jueces, magistrados y ministros, incluyendo a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta reforma, impulsada por el gobierno de Morena, ha generado controversia debido a la inclusión de candidatos con perfiles cuestionables y la politización del proceso.
Entre los aspirantes a la SCJN se encuentran personas con escasa experiencia judicial, como Cynthia Ortiz Monroy, de 27 años, y Omar Jonathan Mendoza, de 24 años, quienes buscan ocupar cargos de alta responsabilidad sin haber acumulado la trayectoria profesional generalmente requerida para tales posiciones. El analista David Mora señaló que “por mucho que sea un estudiante brillante, no tiene experiencia. En promedio, un abogado antes podía pasar 15 o 16 años hasta poder ser juez” .
En el otro extremo, se postulan candidatos en edad avanzada, como Bernardo Bátiz Vázquez, de 88 años, y María Estela Ríos González, de 78 años. El especialista Arturo Espinosa cuestionó si estos aspirantes tendrán la capacidad para afrontar las exigencias del cargo, indicando que “es un trabajo de tiempo completo, con un número enorme de horas, ¿tendrán la capacidad para afront … ?” .
Algunos candidatos mantienen actividades empresariales activas, lo que podría generar conflictos de interés. Por ejemplo, Nicollino Giuseppe Mariano C … en Sonora, es propietario de la empresa minera Can … . Asimismo, Abraham Amiud Dávila … candidato a la SCJN, fundó y dirige la firma de derecho médico Medical … .
La politización del proceso también ha sido motivo de preocupación. Más de 1,300 candidatos han incorporado en sus campañas el ideario de la Cuarta Transformación, promovido por el presidente López Obrador. Frases como “trabajaré con apego a los principios de la Cuarta Transformación” han sido utilizadas por aspirantes como José Fabián Romero Gómez y Ortencia Suárez Guzmán .
Entre los aspirantes a la SCJN se encuentran figuras como Lenia Batres Guadarrama, actual ministra que busca presidir la Corte. Batres ha defendido la reforma judicial y ha sido criticada por el uso de “acordeones” o guías de votación en su campaña, argumentando que “el INE aprobó hacer acordeones, ¿cuál es el escándalo?” .
Otra candidata es Loretta Ortiz, también ministra en funciones, quien ha señalado que la elección ha sido estresante y mal organizada, con poca información para los votantes. Ortiz considera que “sí está complicado” y que esto debe corregirse para futuras elecciones.
Yasmín Esquivel, ministra envuelta en controversias por presunto plagio en sus tesis de licenciatura y doctorado, también busca presidir la SCJN. Esquivel mantiene que cuenta con autoridad moral y que el caso está cerrado legal y judicialmente, afirmando que “no tengo nada de qué avergonzarme” .
La elección judicial de 2025 representa un cambio significativo en la forma de designar autoridades judiciales en México. Sin embargo, la inclusión de candidatos con perfiles cuestionables, la falta de experiencia y la politización del proceso han generado preocupación sobre la imparcialidad y eficiencia del futuro Poder Judicial. Analistas coinciden en la necesidad de reforzar la vigilancia y la rendición de cuentas tras la elección para garantizar la calidad de la justicia en el país .
