Un juez federal de Estados Unidos ha decidido mantener la suspensión temporal del programa de “renuncia diferida” propuesto por la administración del presidente Donald Trump, mientras se evalúa su legalidad. Esta iniciativa busca reducir la fuerza laboral federal ofreciendo incentivos financieros a los empleados que opten por renunciar voluntariamente. Hasta la fecha, aproximadamente 65,000 trabajadores han aceptado la oferta, según informes de la Casa Blanca.
El juez George O’Toole Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, extendió la suspensión del programa tras una audiencia en la que se presentaron argumentos tanto del gobierno como de los sindicatos que representan a los empleados federales. Estos sindicatos han presentado demandas alegando que el plan es ilegal y carece de la autorización del Congreso. Elena Goldstein, abogada que representa a los trabajadores, afirmó que existen “serias dudas” sobre la racionalidad y legalidad del plan, describiéndolo como una acción “sin precedentes” y un pretexto para reemplazar a los empleados con personas alineadas con la administración.
Por su parte, Eric Hamilton, abogado del Departamento de Justicia, defendió el programa calificándolo como una “salida humanitaria” para los empleados que han estructurado sus vidas en torno al trabajo remoto y que ahora se les exige regresar a las oficinas gubernamentales.
El programa, liderado por Elon Musk en su rol como asesor principal de Trump para la reducción del gasto federal, permite a los empleados dejar de trabajar y seguir recibiendo su salario hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, los sindicatos han instado a sus miembros a no aceptar la oferta, argumentando que la administración no puede ser confiable para cumplir con lo prometido.
La decisión del juez O’Toole implica que la suspensión del programa continuará vigente hasta que se emita un fallo definitivo. Aún no se ha determinado cuándo se tomará esta decisión.
