Estados Unidos ha llevado a cabo la mayor incautación civil en su historia relacionada con criptomonedas, al confiscar 127.271 bitcoins, cuyo valor ronda los 15.000 millones de dólares, en un caso vinculado a una red internacional de fraude conocida como “pig butchering”.
Según cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, el magnate camboyano Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group, está acusado de orquestar un esquema de fraude electrónico y lavado de dinero que se basó en centros de estafa ubicados en Camboya, Myanmar y Laos. Se afirma que en esos complejos, personas eran retenidas contra su voluntad y obligadas a participar en estafas de inversión falsa con criptomonedas.
La operación fue coordinada entre Estados Unidos y Reino Unido. A la par del decomiso, se impusieron sanciones a 146 personas y entidades asociadas con la organización criminal. Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. intervino empresas pantalla y designó direcciones de Bitcoin vinculadas a la red fraudulenta.
El modus operandi denominado “pig butchering” se basa en captar la confianza de las víctimas (a menudo mediante redes sociales o aplicaciones de citas) y luego inducirlas a invertir en plataformas de criptomonedas fraudulentas. Los fondos captados eran luego mezclados y redistribuidos a lo largo de múltiples direcciones de blockchain para ocultar su origen.
De acuerdo con el comunicado de acusación, los bitcoins que se confiscaron estaban distribuidos en 25 monederos no alojados cuyas claves privadas estaban bajo control del acusado. Estos activos permanecían prácticamente inactivos desde diciembre de 2020, y ahora están bajo custodia del gobierno estadounidense.
Chen Zhi, quien permanece prófugo, enfrenta cargos penales graves. Si fuera hallado culpable, podría ser condenado a hasta 40 años de prisión. En paralelo, las autoridades estadounidenses señalaron que los fondos incautados podrían ser utilizados para compensar a las víctimas, siempre que un tribunal lo autorice.
Esta acción representa un giro significativo en la lucha contra el fraude con activos digitales y la aplicación de la ley transnacional, pues combina medidas penales, sanciones financieras y acciones de desmantelamiento de redes criminales.
