El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo esta semana en Houston a Gregory Antonio Sanabria Tarazona, activista y ex preso político venezolano, pese a contar con Estatus de Protección Temporal (TPS) y sin antecedentes criminales. Sanabria, de 31 años, huyó de Venezuela en 2022 tras soportar más de tres años de tortura en El Helicoide —donde permaneció desde 2014 en el contexto de protestas opositoras contra el régimen de Nicolás Maduro— y había solicitado asilo en Estados Unidos.
Según registros judiciales, su detención ocurrió durante un trámite rutinario con ICE, a pocas semanas de su audiencia preliminar agendada para el 1 de julio. Se encuentra en el Centro de Procesamiento Montgomery, en Texas. Sus representantes temen que Estados Unidos lo establezca en El Salvador para presionarlo a tramitar una “auto‑deportación” hacia Venezuela.
ONG como Human Rights Watch alertan que, de ser regresado a Venezuela o El Salvador, Sanabria volvería a estar en situación de riesgo extremo, dada su condición de disidente y su historial de torturas físicas y psicológicas. Juan Pappier, subdirector de esa institución, afirmó que “existen sobrados motivos para creer que Gregory Sanabria puede ser sometido a graves abusos en Venezuela”.
En Washington, el congresista republicano Mario Díaz‑Balart expresó su preocupación en una carta al Departamento de Seguridad Nacional, indicando que Sanabria “no debe regresar con sus opresores”. Asimismo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU han demandado que se respete su petición de asilo y se le otorgue protección internacional .
