En Playa del Carmen, autoridades judiciales han vinculado a proceso a Roger Alberto “N” e Inocente “N” por el delito de extorsión. Según denuncia de las víctimas, los acusados les exigían 15 000 pesos mensuales por “derecho de piso” para permitirles operar sin sufrir represalias.
El caso se suma a la creciente ola de abusos que han sido documentados en diversos municipios del estado, en donde empresarios y comerciantes han estado bajo presión constante para pagar cuotas ilegales a grupos criminales. La exigencia de montos mensuales es una práctica recurrente en esquemas de extorsión; en este caso, las víctimas sostienen que la cifra era fija, independientemente del volumen de negocio, convirtiéndose en una carga económica obligada.
La vinculación a proceso implica que el juez encontró elementos suficientes para considerar que podrían existir indicios de la comisión del delito. A partir de ese momento, el caso avanzará hacia etapas donde se presentarán pruebas, se escucharán testimonios y se determinará si procede la condena.
Para los afectados, el impacto no es menor: más allá de la pérdida económica mensual, someterse a presiones ilegales convierte el entorno comercial en un terreno inseguro. Quienes se niegan o no pueden pagar enfrentan amenazas, posibles represalias y hasta el cierre forzado de sus negocios. Este tipo de delito afecta también el clima de inversión y la confianza ciudadana, pues muestra vulnerabilidades del sistema de justicia para proteger a los ciudadanos frente al crimen organizado.
El proceso judicial que ahora se sigue es una prueba de que la denuncia puede activar mecanismos legales, pero la efectividad de esta vía depende del rigor con que autoridades policiales y ministeriales actúen en la recolección de elementos, protección de testigos y seguimiento de las pistas. En contextos como el de Quintana Roo, donde ha habido múltiples casos de extorsión y cobros de “derecho de piso”, la respuesta institucional debe ser contundente para romper el círculo de impunidad.
Este caso, más allá de su dimensión local, refleja una problemática estructural en muchas regiones: la normalización del delito como práctica paralela al funcionamiento social. La recuperación de la confianza pública exige que no solo se imputen cargos, sino que se castigue con firmeza, se proteja a las víctimas y se fortalezca el aparato preventivo.
