El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, anunció este miércoles una serie de reformas migratorias que incluyen la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, restricciones al acceso a servicios públicos y nuevos requisitos para la residencia y ciudadanía.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, detalló que las medidas contemplan la prohibición de ingreso al país de personas con antecedentes penales, la expulsión acelerada de aquellos que cometan delitos en territorio argentino, la imposición de requisitos financieros para obtener la residencia y el cobro de tarifas a migrantes por el uso de servicios públicos como salud y educación.
Adorni justificó estas acciones al señalar que “hemos tenido durante un tiempo un régimen migratorio que invita al caos y al abuso”. Además, destacó que ocho hospitales públicos del país gastaron conjuntamente 114.000 millones de pesos (aproximadamente 100 millones de dólares) en atención a extranjeros durante 2024. El portavoz afirmó que los nuevos cargos por servicios de salud pondrán fin al “turismo sanitario”, en el que extranjeros ingresan a Argentina para recibir atención médica gratuita antes de regresar a sus países.
Las reformas, que se implementarán mediante decreto presidencial en los próximos días, también incluyen requisitos más estrictos para la obtención de la ciudadanía argentina, como la obligación de residir en el país de manera ininterrumpida durante dos años.
Estas medidas representan un cambio significativo en la política migratoria de Argentina, un país históricamente receptivo a la inmigración. El presidente Milei ha alineado su agenda con líderes de derecha como el expresidente estadounidense Donald Trump, adoptando políticas más restrictivas en materia migratoria.
Analistas políticos sugieren que estas reformas buscan atraer a votantes conservadores, especialmente en Buenos Aires, donde se celebrarán elecciones locales próximamente. Juan Cruz Díaz, director general del grupo asesor Cefeidas, indicó que “La Libertad Avanza está tratando de superar a los partidos de centroderecha para dominar el voto de derecha”.
El Gobierno sostiene que el enfoque de estas medidas es principalmente económico, orientado a reducir el gasto público, más que una postura xenófoba. Sin embargo, las reformas han generado debate en un país donde la inmigración ha sido tradicionalmente un componente fundamental de su identidad nacional.
