Con el permiso de la presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores.
La seguridad económica de los adultos mayores, debe convertirse en una prioridad, pues este segmento de la población se encuentra con obstáculos que le impiden, ya sea la entrada al mercado laboral, la obtención de un empleo de calidad o el retiro digno de la vida laboral.
En México, la edad de retiro laboral está regida por disposiciones legales y por una variación según la ley que la regule, que oscila entre los 60 y 65 años.
Sin embargo, al llegar a estas edades hay quienes continúan trabajando como resultado de un deseo personal o bien, de la necesidad económica ante la falta de una jubilación o pensión.
Se estima que en nuestro país hay más de 15 millones de adultos mayores y el 41 por ciento son económicamente activos, de los cuales, solo 3.8 por ciento se emplea en sectores de la economía formal y el 96.2 por ciento carece de seguridad social por estar empleado en la informalidad.
La situación actual de nuestro país nos señala que la mayor parte de las personas con 60 años o más no gozan de prestaciones laborales, ya sea seguridad social, aguinaldo, vacaciones, utilidades, seguro de vida, entre otras, lo que los coloca en un escenario de desprotección total.
Estos datos dan cuenta de la contundente realidad que se vive en el país y que de no atenderse tendrá serias consecuencias para la población adulta mayor.
Conforme a las proyecciones de población en México, este problema se agudizará, augurando un país con altos índices de adultos mayores en situación de pobreza, por lo que debemos tomar acciones inmediatas desde el Legislativo para fortalecer medidas de seguridad social y laboral que brinden una vida digna a los adultos mayores.
Ante esto, debo mencionar que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo quinto, que ese ordenamiento tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores, ciertos derechos que se enlistan de forma enunciativa, más no limitativa, por lo que se debe precisar que esos derechos y su cumplimiento no deben ser exclusivos del Estado y la sociedad, sino también debe ser un compromiso social de aquellos sectores que se benefician mayormente con el trabajo de los adultos mayores.
Razón por la cual, se proponen adicionar al sector privado para garantizar que el cumplimiento de sus derechos sea una corresponsabilidad colectiva.
Por lo anterior, me permito presentar este dictamen a nombre de las y los integrantes de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, el cual busca fortalecer la ley para que los adultos mayores tengan plena seguridad de que sus derechos serán garantizados.
Con la aprobación de este decreto, se logrará incluir el sector privado como copartícipe del respeto a los derechos de las personas adultas mayores.
Señalar como prioritarios a los adultos mayores en atención de asuntos laborales, a razón de su edad avanzada.
El reconocimiento de que los adultos mayores tienen roles sociales y laborales, por tal motivo debe ser una prioridad del Estado atenderlos.
Por último, se plasma que las prestaciones de ley deben ser parte de las remuneraciones de los adultos mayores y que el Estado está obligado a ejercer políticas para que los adultos reciban las prestaciones como trabajadores.
Compañeras y compañeros, el ingreso y la seguridad laboral que recibe la población adulto mayor, es de suma importancia, pues al igual que el resto de la población ellos tienen necesidades que satisfacer y gastos que cubrir para tener y disfrutar de una vida digna, la cual será difícil de conseguir ante los bajos ingresos y la falta de seguridad económica y social.
Con su voto a favor, se garantizará que más sectores sean copartícipes y se involucren en la protección y respeto de los derechos de las personas adultas mayores.
Las valiosas contribuciones actuales y potenciales de los adultos mayores al bienestar común y la identidad cultural al desarrollo humano social y económico, son invaluables.
Reconozcámoslo votando a favor de esta propuesta.
Por su atención, muchas gracias.
