Fiscales federales de Estados Unidos presentaron cargos contra 15 personas acusadas de obstaculizar a agentes durante una ofensiva migratoria realizada en Minnesota a principios de este año, en un caso que vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre la aplicación de la ley migratoria, las protestas civiles y los límites de la acción directa contra autoridades federales. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los imputados son miembros o asociados de Direct Action Minnesota, también identificado como DAMN, y enfrentan señalamientos por diversos delitos federales, entre ellos conspiración para impedir a un agente federal, acoso interestatal, amenazas interestatales, solicitud para cometer un delito violento, agresiones contra agentes federales y destrucción de propiedad gubernamental.

Según las autoridades, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional realizaron un operativo coordinado que derivó en la detención de 12 integrantes del grupo durante las últimas 24 horas; otros dos permanecen prófugos y una persona ya se encontraba bajo custodia federal por cargos distintos. La acusación se produce en el contexto de la llamada Operación Metro Surge, una ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump en Minnesota, particularmente en el área de las Ciudades Gemelas.

El fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, afirmó en conferencia de prensa que los acusados “se opusieron violentamente a la aplicación de la ley federal”, mediante presuntas tácticas como bloqueos alrededor de edificios gubernamentales, lanzamiento de trozos de hielo contra vehículos federales y seguimiento de agentes durante sus traslados por Minneapolis. Las autoridades sostienen que estas acciones tenían como objetivo impedir, retrasar o dificultar arrestos y deportaciones, aunque Rosen evitó precisar si algún agente federal resultó lesionado como consecuencia directa de esos hechos.

El Departamento de Justicia sostuvo que DAMN habría entrenado a sus integrantes en vigilancia, planificación operativa, uso de escudos, movilización rápida y otras tácticas dirigidas contra acciones de cumplimiento migratorio. La acusación también señala que algunos miembros utilizaban chats de Signal para identificar vehículos oficiales, compartir placas y coordinar movimientos con el propósito de ubicar y confrontar a agentes federales.

El caso ha generado una fuerte controversia política y legal. Las autoridades federales han vinculado a algunos de los acusados con grupos “antifa”, término usado para describir a movimientos antifascistas de izquierda, mientras que la defensa de al menos uno de los señalados rechazó esa caracterización. Kevin Riach, abogado de Isaac Sant, aseguró que su cliente no tenía afiliación con antifa y calificó esa etiqueta como “un hombre del saco inventado por la extrema derecha”. Además, sostuvo que el proceso busca intimidar a quienes salieron a observar y protestar contra operativos de ICE, al afirmar que se trata de “una afrenta a la Primera Enmienda”.

La discusión ocurre en un ambiente de creciente confrontación entre autoridades federales, manifestantes y funcionarios locales. Durante la Operación Metro Surge se reportaron protestas frecuentes en Minneapolis y en las inmediaciones del edificio federal Bishop Henry Whipple, sede local de ICE. También se registraron enfrentamientos entre agentes y manifestantes, incluidos incidentes en los que se utilizó gas pimienta para dispersar a personas reunidas afuera de una corte federal.

El Departamento de Justicia defendió las detenciones como parte de una respuesta contra lo que considera violencia política organizada. El fiscal Rosen afirmó que quienes amenacen o dañen a agentes federales deberán rendir cuentas ante la justicia. Por su parte, funcionarios de Seguridad Nacional insistieron en que el derecho a la protesta pacífica está protegido, pero advirtieron que, cuando una manifestación cruza hacia actos violentos o actividades criminales, puede derivar en consecuencias legales.

Los 15 acusados enfrentan ahora un proceso judicial en el que deberán responder por los cargos presentados. La acusación principal, conspiración para impedir o lesionar a un agente federal, puede implicar una pena máxima de seis años de prisión. Sin embargo, algunos imputados enfrentan cargos adicionales que podrían agravar su situación legal. Mientras la fiscalía sostiene que se trató de una operación coordinada para obstaculizar la aplicación de la ley, defensores y simpatizantes de los acusados argumentan que el caso forma parte de una estrategia de criminalización de la protesta.

Las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron una nueva advertencia contra Israel tras denunciar 84 presuntas violaciones al alto al fuego en Líbano durante las últimas 48 horas, en un contexto de creciente tensión regional y de incertidumbre sobre la viabilidad de los acuerdos de desescalada impulsados en Medio Oriente.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia iraní ISNA, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya, principal centro de coordinación operativa de las Fuerzas Armadas iraníes, señaló que las fuerzas israelíes habrían mantenido operaciones militares en territorio libanés pese al anuncio de una tregua. Ante ello, Teherán advirtió que la continuidad de los ataques en el sur del Líbano podría derivar en una “respuesta militar contundente”.

La postura iraní se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el domingo que Washington había alcanzado un acuerdo de paz con Teherán. Sin embargo, según el mando militar iraní, las acciones atribuidas a Israel contradicen los compromisos de desescalada y han provocado nuevas víctimas en territorio libanés.

Teherán también reiteró que el cese de las operaciones israelíes en distintos frentes regionales, especialmente en Líbano, forma parte de los principales objetivos del memorando de entendimiento que ambas partes prevén firmar este viernes en Suiza. Para Irán, la suspensión de los ataques resulta indispensable para sostener cualquier avance diplomático y evitar una nueva escalada en la región.

La advertencia coincidió con una jornada de violencia en el sur del Líbano. Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas el martes tras una serie de ataques israelíes con drones contra las localidades de Mifdoun y Choukin, en la región de Nabatieh, según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa. Los bombardeos alcanzaron tres vehículos en distintos puntos de ambas comunidades, lo que movilizó a equipos de emergencia, entre ellos la Defensa Civil, la Cruz Roja Libanesa y organizaciones sanitarias locales.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, la ofensiva israelí iniciada el pasado 2 de marzo ha dejado hasta el momento 3 mil 826 personas muertas y 11 mil 851 heridas. Estas cifras reflejan la gravedad del conflicto y el alto costo humanitario que ha acompañado la persistencia de los ataques en territorio libanés.

La denuncia iraní vuelve a colocar el foco internacional sobre la fragilidad de la tregua y sobre el papel de los actores regionales en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Mientras Teherán insiste en que responderá si continúan las operaciones militares, la situación en el sur del Líbano mantiene encendidas las alertas ante el riesgo de una nueva fase de confrontación en Medio Oriente.

Mayo se convirtió en uno de los meses más dolorosos para la población civil en Ucrania desde la escalada de la guerra con Rusia. De acuerdo con la Misión de Observación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania, la violencia relacionada con el conflicto dejó al menos 274 civiles muertos y mil 763 heridos durante ese mes, lo que representa el mayor número total de víctimas civiles registrado desde abril de 2022.

El reporte de Naciones Unidas exhibe un deterioro preocupante en la protección de la población no combatiente. La cifra de mayo significó un aumento del 93 por ciento frente al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 191 muertos y 865 heridos, además de un incremento del 23 por ciento respecto a abril de 2026, cuando se registraron 240 muertos y mil 422 lesionados.

La directora de la misión, Danielle Bell, explicó que el incremento de víctimas está relacionado con el recrudecimiento de los ataques y el uso de armamento de alto poder en zonas habitadas. “La intensificación de las hostilidades y el mayor uso de armas de gran potencia en zonas urbanas provocaron un elevado número de civiles muertos y heridos en todo el país”, señaló Bell.

Los ataques con armas de largo alcance, como misiles y drones, fueron señalados como una de las principales causas del saldo civil. Según el informe, este tipo de ofensivas representó el 45 por ciento de las víctimas contabilizadas en mayo, con 115 civiles muertos y 803 heridos, en su mayoría en centros urbanos alejados de la línea del frente, como Kyiv y Dnipro.

La violencia también alcanzó con fuerza a regiones cercanas al frente de combate, donde los drones de corto alcance se convirtieron en la principal amenaza para la población civil. En mayo, estos ataques dejaron al menos 64 muertos y 539 heridos, la cifra más alta registrada por este tipo de arma desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, el 24 de febrero de 2022.

Entre los hechos documentados por la misión se encuentra un ataque ocurrido el 5 de mayo contra una zona industrial de Zaporiyia, donde murieron 12 civiles y 42 resultaron heridos. También se reportó que, el 14 de mayo, un misil impactó un edificio de apartamentos en Kyiv, causando la muerte de 24 personas y dejando al menos siete lesionadas.

Bell advirtió que los daños no se limitaron a las comunidades cercanas al frente. “En ciudades de toda Ucrania, los repetidos ataques con misiles y bombas aéreas mataron e hirieron a civiles lejos de las zonas de combate terrestre activo”, afirmó la funcionaria de Naciones Unidas.

Aunque la mayoría de las víctimas se registró en zonas bajo control del gobierno ucraniano, la misión también verificó civiles muertos y heridos en territorios ocupados por Rusia. Uno de los casos señalados ocurrió en Starobilsk, en la región de Lugansk, donde 21 civiles murieron tras el impacto de uno o varios proyectiles en un complejo educativo durante la noche del 21 al 22 de mayo.

El informe confirma que la guerra continúa trasladando su peso más brutal sobre la población civil, incluso lejos de los combates directos. Las cifras de mayo no solo reflejan un repunte estadístico, sino una señal de alerta sobre la expansión del daño humano en zonas urbanas, donde familias, trabajadores, estudiantes y comunidades enteras permanecen expuestas a ataques cada vez más intensos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la ofensiva no es definitivo y que Washington podría reanudar los ataques si Teherán incumple las condiciones del entendimiento. La declaración elevó nuevamente la tensión alrededor de un pacto que, según el propio mandatario, todavía permanece sujeto a cambios.

Durante una reunión bilateral con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, realizada al margen de la cumbre del G7 en Évian, Francia, Trump sostuvo que el documento no debe interpretarse como un acuerdo cerrado, sino como un memorando de entendimiento. En ese contexto, lanzó una advertencia directa contra el gobierno iraní: “El texto no es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”. También agregó que, si Irán “no se comporta”, Estados Unidos volvería a bombardear.

El pronunciamiento ocurre a dos días de que Washington y Teherán firmen formalmente el memorando en Suiza, según lo previsto. Aunque el acuerdo busca consolidar una salida a la ofensiva y abrir paso a una nueva etapa de negociación, las palabras de Trump dejaron claro que la Casa Blanca mantiene una postura de presión militar y política frente a Irán.

Trump también aseguró que el contenido del documento es sólido, aunque reconoció que no todos conocen sus detalles. “Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta”, afirmó el mandatario republicano. Sin embargo, insistió en que el texto puede modificarse si las condiciones no satisfacen a su administración.

Otro de los puntos abordados por Trump fue la versión de que el acuerdo incluiría un fondo de inversión de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán. El presidente rechazó esa información y la calificó como falsa. “No vamos a invertir. Es una historia falsa”, declaró, al negar que Estados Unidos vaya a destinar recursos económicos a ese país.

El mandatario también aclaró que no ha pedido a los países del Golfo que inviertan en Irán. Aunque señaló que cada gobierno puede tomar sus propias decisiones, dejó entrever que, a su juicio, ese tipo de apoyo económico no ocurrirá pronto. “Al final, es una cuestión de comportamiento. Pero nosotros no vamos a invertir”, sostuvo.

De acuerdo con Trump, el memorando tampoco contempla un levantamiento inmediato de sanciones contra Teherán. El presidente estadounidense reiteró que cualquier beneficio para Irán dependerá de su conducta en los próximos días y semanas. “Se tienen que portar bien”, insistió al referirse a las condiciones que, según él, deben cumplirse antes de cualquier avance adicional.

La postura del mandatario se produce en un momento clave para la región, mientras el G7 ha respaldado la búsqueda de un acuerdo diplomático amplio que permita reducir las tensiones y evitar que Irán obtenga un arma nuclear. En su declaración sobre asuntos geopolíticos, los líderes del grupo expresaron apoyo a un acuerdo posterior al memorando y subrayaron la importancia de incluir a socios regionales e internacionales, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Trump también se refirió al precio del petróleo y aseguró que se ha mantenido bajo debido a que Estados Unidos ha transportado crudo por el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz pese al bloqueo. Según el mandatario, Irán no tenía conocimiento de esas operaciones. “De media, de 15 a 25 barcos por noche”, afirmó al describir el movimiento de embarcaciones.

Las declaraciones del presidente estadounidense reflejan que el pacto con Irán aún enfrenta un camino incierto. Aunque el memorando representa un intento por contener la escalada y abrir una vía diplomática, el tono utilizado por Trump confirma que Washington no descarta volver al uso de la fuerza si considera que Teherán incumple los términos del entendimiento.

La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que retire todos los pasaportes al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, incluido el diplomático, además de prohibirle salir del país y obligarlo a comparecer ante el juzgado cada 15 días, en el marco de la investigación por el llamado caso Plus Ultra. La petición se produjo después de una audiencia de medidas cautelares celebrada tras la declaración del exmandatario, quien compareció durante casi tres horas como investigado.

Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011 y fue líder del Partido Socialista Obrero Español, se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, lavado de dinero y falsedad documental. A esos señalamientos se suman un presunto delito fiscal y otro de contrabando relacionados con unas joyas valuadas en 1.3 millones de euros, según la información difundida por EFE y retomada por Latinus.

El caso gira en torno al rescate público concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo de 53 millones de euros. De acuerdo con la tesis judicial, el juez sitúa al expresidente en el “vértice” de una presunta trama de tráfico de influencias, en la que habría aportado sus “contactos institucionales y empresariales de alto nivel” para favorecer decisiones o ventajas en beneficio de terceros.

Durante su declaración, Zapatero negó haber influido ante alguna administración pública para favorecer a Plus Ultra y rechazó la principal línea de investigación en su contra. Fuentes jurídicas citadas por la agencia EFE indicaron que el exmandatario mantuvo su postura de inocencia ante un interrogatorio considerado minucioso, en el que también se abordaron comunicaciones intervenidas en las que se mencionaban expresiones como “tocar puertas” y “pedir ayuda a Zapatero” para lograr el préstamo público.

La Fiscalía Anticorrupción no fue la única en solicitar medidas cautelares. El Partido Popular, que coordina a varias acusaciones populares dentro de la causa, se adhirió a la petición del Ministerio Público. Otras acusaciones, entre ellas Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum, fueron más allá y reclamaron prisión provisional para el expresidente.

Sin embargo, reportes posteriores señalaron que el juez Calama rechazó imponer medidas cautelares contra Zapatero, al considerar que su notoriedad pública dificulta un eventual riesgo de fuga. De esta manera, aunque la Fiscalía pidió retirarle los pasaportes y prohibirle abandonar España, el magistrado descartó por el momento aplicar esas restricciones.

Tras la comparecencia, Zapatero insistió en su inocencia y sostuvo que “la verdad se abrirá paso”, frase con la que buscó defenderse públicamente ante una investigación que ha generado fuerte impacto político en España. El procedimiento continúa abierto y, hasta que exista una resolución judicial firme, el expresidente conserva la presunción de inocencia.

Un jet privado se estrelló e incendió la noche del martes en una autopista de Laredo, Texas, dejando como saldo preliminar una persona muerta y una intensa movilización de testigos, automovilistas y cuerpos de emergencia. La aeronave cayó sobre la autopista Loop 20 poco después de las 10:00 de la noche, cuando viajaban seis personas a bordo, de acuerdo con información atribuida a Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si la persona fallecida se encontraba dentro del avión o en tierra.

El accidente generó momentos de tensión, pues varias personas descendieron de sus vehículos para intentar auxiliar a los ocupantes de la aeronave, que quedó envuelta en llamas tras el impacto. Reportes iniciales señalan que no se han confirmado heridos en tierra, aunque cinco agentes fueron trasladados a un hospital por inhalación de humo durante las labores de rescate.

La aeronave fue identificada como un Cessna Citation Latitude, un jet bimotor que, según datos de FlightAware citados en el reporte, había despegado del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, en México, a las 6:19 de la tarde. Las causas del accidente aún no han sido determinadas, por lo que las investigaciones deberán esclarecer qué ocurrió durante la llegada a Laredo, ciudad ubicada a unos 225 kilómetros al suroeste de San Antonio.

Videos difundidos en redes sociales mostraron al avión de costado, impactado contra una barrera de la autopista, con la cola desprendida del fuselaje. Una testigo identificada como Zayra Garza relató que se encontraba llevando a sus compañeros de trabajo a casa cuando se topó con la escena y observó a una persona dentro del avión intentando romper una ventana para escapar. Poco después, otras personas se acercaron para ayudar desde el exterior.

Garza describió la escena como un momento de gran impacto. “Parecía parte de una película. Estaba en shock”, dijo la testigo. También expresó su preocupación por el incendio alrededor de la aeronave: “Me preocupaba que pudiera haber explotado en cualquier momento”. Según su relato, tres personas que parecían adolescentes lograron salir corriendo, seguidas por una persona que aparentaba ser piloto, mientras otro integrante de la tripulación intentaba sacar del avión a alguien que parecía estar inconsciente.

NetJets confirmó en un comunicado que el accidente involucró una de sus aeronaves y aseguró que colabora con las autoridades. La empresa, propiedad de Berkshire Hathaway, opera bajo un modelo que permite a sus usuarios adquirir participaciones en aviones privados. Mientras avanzan las investigaciones, el caso mantiene bajo atención a las autoridades locales y federales por las circunstancias del impacto, la presencia de pasajeros a bordo y el riesgo que representó la caída de la aeronave sobre una vía transitada.