Un tercer juez federal ha bloqueado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas en Estados Unidos. El juez Joseph N. Laplante, del estado de New Hampshire, emitió este fallo tras decisiones similares de jueces en Seattle y Maryland.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), argumentando que la orden de Trump viola la Constitución y “intenta subvertir uno de los valores constitucionales estadounidenses más fundamentales”. La ACLU representa a grupos de derechos de los inmigrantes con miembros embarazadas cuyas futuras descendencias podrían verse afectadas por la orden.
El juez Laplante, nominado por el presidente George W. Bush, indicó que no estaba convencido por los argumentos de la administración Trump en defensa de la orden ejecutiva y anunció que emitirá una orden judicial preliminar más detallada en el futuro.
La administración Trump sostiene que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. Sin embargo, la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, con excepciones específicas como hijos de diplomáticos o enemigos en ocupación hostil.
Este fallo se suma a al menos nueve demandas presentadas contra la orden ejecutiva de Trump, y el debate ha llegado a tribunales en Boston y otros estados. La administración ha apelado la decisión del juez en Seattle y aún no ha presentado una apelación contra el fallo en Maryland.
La cuestión central es la interpretación de la 14ª Enmienda, que históricamente ha otorgado la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, excepto en casos específicos. Estados Unidos es uno de los aproximadamente 30 países que aplican el principio de “jus soli” o “derecho de suelo”.
La administración Trump defiende la orden ejecutiva argumentando que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. Sin embargo, la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, con excepciones específicas como hijos de diplomáticos o enemigos en ocupación hostil.
Este fallo se suma a al menos nueve demandas presentadas contra la orden ejecutiva de Trump, y el debate ha llegado a tribunales en Boston y otros estados. La administración ha apelado la decisión del juez en Seattle y aún no ha presentado una apelación contra el fallo en Maryland.
La cuestión central es la interpretación de la 14ª Enmienda, que históricamente ha otorgado la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, excepto en casos específicos. Estados Unidos es uno de los aproximadamente 30 países que aplican el principio de “jus soli” o “derecho de suelo”.
Este fallo representa otro obstáculo legal para la administración Trump en su intento de modificar las políticas de inmigración y ciudadanía en Estados Unidos. Se espera que el debate continúe en los tribunales superiores en las próximas semanas.
