La administración del presidente Donald Trump ha reavivado el debate constitucional al sugerir la posibilidad de suspender el habeas corpus como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Esta propuesta ha generado críticas por parte de expertos legales y legisladores, quienes advierten sobre las implicaciones para los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes.
Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó erróneamente que el habeas corpus es “un derecho constitucional que el presidente tiene para poder expulsar a personas de este país”. La senadora Maggie Hassan corrigió esta declaración, explicando que el habeas corpus es un principio legal que permite a los detenidos impugnar su encarcelamiento ante un tribunal, y que su suspensión solo puede ser autorizada por el Congreso en casos de rebelión o invasión, según la Constitución de los Estados Unidos .
El asesor principal de Trump, Stephen Miller, ha respaldado la idea de suspender el habeas corpus, argumentando que la situación en la frontera sur constituye una “invasión” que justificaría tal medida. Sin embargo, expertos legales señalan que esta interpretación es cuestionable y que la suspensión del habeas corpus ha sido históricamente reservada para situaciones extremas, como la Guerra Civil o ataques directos al país .
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han expresado su preocupación por las posibles violaciones al debido proceso y la erosión de las libertades civiles que implicaría la suspensión del habeas corpus. Además, han señalado que los inmigrantes, aunque no sean ciudadanos, están protegidos por la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza el debido proceso legal .
La controversia ha suscitado un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y la protección de los derechos fundamentales en Estados Unidos. Mientras la administración Trump argumenta que medidas extraordinarias son necesarias para abordar la inmigración ilegal, críticos advierten que tales acciones podrían socavar principios constitucionales esenciales y establecer precedentes peligrosos para el futuro.
