El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en colaboración con el empresario Elon Musk, ha implementado medidas significativas para reestructurar y reducir diversas agencias gubernamentales. Estas acciones han generado controversia y preocupación en distintos sectores.
Una de las principales iniciativas es la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por Musk. Este departamento tiene como objetivo “desmantelar la burocracia gubernamental, reducir el exceso de regulaciones, recortar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales”.
Entre las agencias afectadas se encuentra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha sido objeto de cierres de oficinas y recortes presupuestarios. Musk ha argumentado que la USAID es irreformable, describiéndola como “una bola de gusanos”.
Estas acciones han suscitado críticas de diversas organizaciones no gubernamentales y expertos en derecho constitucional, quienes señalan que solo el Congreso tiene la autoridad para crear o desmantelar agencias federales y controlar el gasto. A pesar de ello, el Congreso, controlado por los republicanos, no ha mostrado resistencia pública a estas medidas.
Además, se han reportado protestas en Washington D.C., donde manifestantes y legisladores demócratas han expresado su preocupación por el acceso sin precedentes de Musk a sistemas gubernamentales sensibles, como los sistemas de pago del Departamento del Tesoro. El senador Chris Van Hollen afirmó: “Lo que estamos presenciando aquí es el mayor atraco en la historia de Estados Unidos”.
Estas medidas representan un cambio significativo en la estructura y funcionamiento del gobierno federal, generando un debate sobre los límites de la autoridad ejecutiva y el papel del sector privado en la administración pública.
