La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión dividida de 5-4, ha permitido que la administración del presidente Donald Trump utilice la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de inmigrantes acusados de pertenecer a organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Esta ley, históricamente invocada solo en tiempos de guerra, otorga al presidente la facultad de deportar a ciudadanos de naciones consideradas hostiles sin necesidad de un proceso judicial completo.
El fallo establece que los detenidos deben ser notificados de su estatus de deportación con suficiente antelación para que puedan solicitar alivio de hábeas corpus, preservando así sus derechos al debido proceso. Sin embargo, la decisión ha generado controversia. La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, criticó la rapidez con la que se tomó la resolución y expresó preocupación por el potencial daño a los detenidos.
El presidente Trump celebró la decisión, afirmando que “la Corte Suprema ha defendido el estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a … “.
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de la comunidad venezolana en EE.UU. han manifestado su preocupación. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, señaló que “Venezuela no es el Tren de Aragua, y estamos luchando para que el sistema judicial estadounidense acabe con esta injusticia”.
La aplicación de esta ley ha resultado en la deportación de al menos 238 venezolanos a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Familiares de los deportados han denunciado que muchos de ellos no tienen antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales.
