El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció ante un tribunal federal en Miami como testigo en el juicio contra el excongresista David Rivera, acusado de actuar como agente extranjero no registrado en favor del gobierno venezolano, en un caso que ha generado atención por sus implicaciones políticas y diplomáticas.
Durante su testimonio, Rubio afirmó que Rivera no le informó sobre un contrato millonario vinculado a una empresa estatal venezolana en una reunión sostenida en 2017. Según la fiscalía, dicho acuerdo, valorado en aproximadamente 50 millones de dólares, estaba relacionado con gestiones para influir en la política estadounidense hacia Venezuela.
El excongresista enfrenta cargos que incluyen lavado de dinero y la omisión de registrarse como agente extranjero, como lo exige la legislación estadounidense. Los fiscales sostienen que Rivera utilizó sus contactos políticos para promover intereses del entonces gobierno de Nicolás Maduro, intentando suavizar sanciones y generar cambios en la relación bilateral.
En el proceso judicial también se señaló que Rivera habría sostenido reuniones con figuras clave, incluido el propio Rubio, sin revelar que presuntamente representaba intereses extranjeros. “Escucharán cómo él no se habría sentado con su viejo amigo si hubiera sabido que David Rivera trabajaba en secreto para Venezuela”, declaró el fiscal Roger Cruz durante la apertura del caso.
Por su parte, la defensa sostiene que las actividades del exlegislador tenían un carácter comercial y no político, argumentando que su intención era colaborar con la oposición venezolana. El abogado de Rivera afirmó que “David Rivera no tenía motivos para informar a Rubio sobre ese contrato”, insistiendo en que no existía obligación legal de registrarse como agente extranjero.
El juicio también ha puesto de relieve la relación personal entre Rubio y Rivera, quienes han mantenido vínculos políticos y de amistad durante años. La comparecencia del actual secretario de Estado es considerada inusual, al tratarse de un alto funcionario en funciones que participa como testigo en un proceso penal de esta naturaleza.
Las autoridades estadounidenses continúan presentando pruebas para determinar si las acciones de Rivera constituyeron una operación encubierta de influencia extranjera, mientras el acusado mantiene su declaración de inocencia. El caso se desarrolla en un contexto más amplio de tensiones históricas entre Estados Unidos y Venezuela, así como de escrutinio sobre actividades de lobby vinculadas a gobiernos extranjeros.
