El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución destinada a fortalecer la rendición de cuentas contra quienes ataquen a las fuerzas de paz desplegadas en distintas regiones del mundo. La medida busca cerrar espacios de impunidad y garantizar que los responsables de agresiones contra los llamados cascos azules sean identificados, investigados y procesados sin demora.
La resolución 2823 de 2026 fue impulsada por Dinamarca y Pakistán, miembros no permanentes del Consejo, y recibió el respaldo de más de 150 países. El documento llama a los Estados anfitriones de misiones de paz a adoptar “todas las medidas necesarias” para investigar y llevar ante la justicia a quienes cometan delitos contra personal de la ONU.
La decisión ocurre en un contexto de creciente preocupación por el aumento y la sofisticación de los ataques contra misiones de paz. Naciones Unidas recordó que casi 4 mil 500 cascos azules han perdido la vida en cumplimiento de su deber, mientras que más de 50 mil elementos continúan desplegados actualmente en operaciones de mantenimiento de la paz alrededor del mundo.
El texto también solicita al secretario general de la ONU que designe un “punto focal superior” para coordinar los esfuerzos de rendición de cuentas en casos de crímenes contra fuerzas de paz. Además, pide que las misiones documenten con rapidez los hechos cuando ocurran ataques, con el objetivo de facilitar las investigaciones de los países anfitriones y fortalecer los procesos judiciales.
El Consejo de Seguridad subrayó que las agresiones contra personal de paz pueden constituir crímenes de guerra, por lo que insistió en la necesidad de cooperación internacional. La resolución también contempla informes anuales sobre el avance de investigaciones y procesos relacionados con asesinatos o actos de violencia contra integrantes de misiones de la ONU.
Con esta aprobación, la ONU envía un mensaje político y jurídico contra la impunidad. Para los países que aportan tropas y policías a las misiones de paz, la resolución representa una señal de respaldo; para los agresores, una advertencia de que los ataques contra personal internacional no serán tratados como hechos aislados, sino como delitos que deben ser castigados.
