Por Jorge Fernández Menéndez
Me desconciertan quienes creen que las iniciativas aprobadas para el Sistema Nacional Anticorrupción han terminado siendo light o vacías de contenidos. Son instrumentos poderosísimos. Hay dos capítulos que son centrales y que deben ser analizados desde una perspectiva más amplia: la creación de la Fiscalía Anticorrupción y la famosa #Ley3de3.
Estoy convencido de que la fiscalía debe tener amplios márgenes de autonomía legal, judicial y presupuestal, pero debe ser también un órgano institucionalmente dependiente de la PGR, o mejor dicho, de la nueva Fiscalía General de la República, con atribuciones y mecanismos similares a la Fepade, la fiscalía para delitos electorales.
La independencia absoluta de las fiscalías anticorrupción es una buena medida publicitaria, pero no garantiza que esas fiscalías no pierdan el piso y comienzan a actuar como un poder por encima de los Poderes del Estado. Pero además, hay una tendencia creciente a hacer depender esas fiscalías, supuestamente, autónomas de organismos internacionales que terminan convirtiéndose en una suerte de fiscalías supranacionales, con agendas e intereses propios.
En Brasil, la crisis derivada de la corrupción en la empresa Petrobras ha derivado en la caída de la presidenta Dilma Rousseff, pero también de grandes empresarios, y de políticos de todos los colores. El fiscal, Rodrigo Janot, con enorme autonomía del gobierno, se “empoderó” e inició una investigación primero contra opositores de Dilma, contra el Congreso y los principales empresarios del país, y los otros partidos la redirigieron contra Lula da Silva y
Dilma. Ahora todos acusan a todos y el fiscal a todos los procesa.
Hace unas semanas, el nuevo ministro anticorrupción (que no tiene control sobre el fiscal), Fabio Martins, fue grabado en una plática telefónica diciendo que lo que estaba haciendo la fiscalía era un desastre y planteando acortar los márgenes de las acusaciones, que no parecen tener ya límites. La grabación, divulgada por los medios, obligó a Martins, un jurista considerado intachable, a renunciar por la presión de la fiscalía, respaldada, una vez más, por diversos organismos internacionales. La crisis de Brasil nadie sabe cuándo tocará fondo, pero el poder ha quedado ya en manos que trascienden a la presidencia, al Congreso y a la cúpulas empresariales.
En Guatemala fueron más lejos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, tiene amplios poderes para poner en marcha sus propias investigaciones penales. El personal de la CICIG incluye personas de 20 países, desde italianos hasta colombianos y ningún guatemalteco. Es el modelo que se intentó implementar en México con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa.
La CICIG ha presentado cargos contra el Presidente y la vicepresidenta, ambos en prisión aunque alegan inocencia y no se les han comprobado esos cargos; han procesado a un expresidente, a los jefes del banco central, la aduana, la agencia tributaria y el instituto de seguridad social; a los líderes del Congreso y de varios partidos políticos, así como a un juez y un candidato a la vicepresidencia. Casi todos están detenidos. La CICIG, que tiene amplio respaldo de las instituciones estadunidenses y de la CIDH y otros organismos internacionales, se ha convertido en el verdadero poder en Guatemala, pero ni uno sólo de sus integrantes es guatemalteco.
Uno de los impulsores de la CICIG es Roger Noriega, un exdirector de asuntos hemisféricos durante el gobierno de George W. Bush: “Estoy seguro, declaró, de que hay gente que mira esto con temor y piensa ‘¡Dios mío, una entidad internacional saca a un Presidente!. Pero ése es el punto: las instituciones guatemaltecas nunca habrían hecho esto por sí mismas”. O sea, podría haber dicho, ¿para qué quiere un gobierno Guatemala si nosotros se lo podemos proporcionar?
Muchos en México han pedido la construcción de instancias como la CECIG, apoyaron la permanencia del GIEI o piden un fiscal como el de Brasil, cuya autonomía ya lo ha colocado por encima de los Poderes. Olvidan que ni a esas comisiones ni a ese fiscal los eligió un solo guatemalteco, mexicano o brasileño. Son organismos que dependen de instancias internacionales y en ese tema sabemos que no hay amigos, hay intereses.
Regresemos por un momento a México. Imaginemos un fiscal con absoluta independencia, respaldado por organismos internacionales y con acceso al tres de tres de todo funcionario público, de todo político, sindicalista, de todo empresario. Y que pueda hacer pública toda la información fiscal, patrimonial y de interés de quien quiera, sin equilibrios institucionales ni políticos internos. Y que pudiera iniciar procesos indiscriminadamente.
La tentación de otorgar tanto poder sin equilibrios, particularmente, en un terreno tan sensible como la lucha contra la corrupción, deviene, de una forma u otra, siempre, en autoritarismos, excesos y venganzas.
