Los abogados de Kilmar Armando Ábrego García presentaron ante una jueza federal de Maryland una petición formal para imponer sanciones económicas —multas por desacato al tribunal— al gobierno del expresidente Donald Trump. Alegan que se ignoraron “flagrantemente” múltiples mandatos judiciales durante semanas para revocar su deportación y permitir su regreso a Estados Unidos .
Ábrego García fue expulsado de forma errónea el 15 de marzo de 2025 hacia El Salvador, a pesar de que una orden de protección migratoria —emitida en 2019 por un juez— impedía tal acción. El gobierno reconoció posteriormente que se trató de un “error administrativo”, pero en lugar de facilitar su retorno, decidió procesarlo por presunto tráfico de personas, bajo acusaciones vinculadas a una supuesta afiliación a MS‑13.
La jueza Paula Xinis había ordenado que Ábrego García fuera repatriado antes del 7 de abril; sin embargo, según su defensa, el Ejecutivo no sólo incumplió esta directriz, sino que además retuvo documentos bajo la justificación de “secretos de Estado”. En consecuencia, los abogados solicitaron que se inicie un proceso de desacato que incluya sanciones económicas, la publicación de documentos y la posible designación de un perito especial para supervisar el cumplimiento judicial..
En su presentación, los defensores de Ábrego García sostuvieron que:
- El incumplimiento ha sido “vocal, sostenido y flagrante”.
- El gobierno estaba al tanto de la orden judicial, pero procedió a construir un caso penal en secreto mientras él permanecía en El Salvador.
- Se debe asegurar la publicación de documentos que se han mantenido ocultos bajo la excusa de “secretos de Estado”.
La abogada Simon Sandoval Moshenberg afirmó que si el Ejecutivo puede ignorar decisiones judiciales y deportar a una persona sin rendición de cuentas, las protecciones legales “carecen de sentido”.
El gobierno federal respondió que consideraba las acusaciones “infundadas, desesperadas y decepcionantes” y que sí cumplió con los mandatos judiciales al repatriar a Ábrego García a Tennessee para enfrentar cargos, incluyendo conspiración y tráfico de personas . La fiscalía califica los cargos como legítimos. En cuanto a la retención de documentos, invocan el privilegio de “secretos de Estado”.
Este caso ha suscitado un amplio debate en torno a las políticas migratorias de la administración Trump y los límites del poder ejecutivo frente a las órdenes judiciales. Expertos legales destacan que este tipo de sanciones a funcionarios federales “no son comunes” y plantean dudas sobre la separación de poderes y el respeto al debido proceso .
El resultado del procedimiento penal y la resolución sobre las sanciones judiciales serán determinantes para sentar precedentes acerca del respeto que debe tener la rama ejecutiva a las órdenes del sistema judicial.
