La Escuela Secundaria Estatal No. 38 Serapio Rendón, ubicada en Mérida, atraviesa una de las crisis más delicadas de los últimos meses, luego de que madres y padres de familia exigieran la destitución de la directora del plantel por presuntas omisiones en la atención de denuncias relacionadas con abuso y acoso sexual contra alumnas. El caso ya es investigado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y por la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con la información publicada este 16 de junio de 2026.
La inconformidad de las familias escaló durante una reunión con personal de la Segey, en la que se solicitó a los tutores elaborar una relatoría detallada de todas las irregularidades que, según ellos, habrían ocurrido dentro de la institución. Dicho documento será utilizado para una investigación interna que busca determinar si hubo omisión por parte de las autoridades escolares y de personal de apoyo del plantel, especialmente ante señalamientos que apuntan a que algunas situaciones ya eran conocidas sin que se activaran oportunamente los mecanismos de protección correspondientes.
Las denuncias más graves involucran a un docente identificado como José N., quien fue señalado por presuntas conductas indebidas contra estudiantes. Según lo expuesto por los padres de familia, al menos 15 alumnas habrían sido víctimas de estos hechos, entre ellas una menor que resultó embarazada. El profesor fue inhabilitado, tiene prohibido ingresar al plantel y enfrenta una investigación penal por parte de la Fiscalía General del Estado.
Durante el encuentro, también surgieron nuevos señalamientos contra otro maestro, identificado como Francisco, quien imparte la materia de Química y que habría sido acusado por alumnas de presunto acoso o conductas inapropiadas. Estas acusaciones aumentaron la preocupación de los padres, quienes afirmaron que la comunidad escolar no recibió información clara ni oportuna sobre lo que presuntamente ocurría desde el inicio del ciclo escolar.
Una madre de familia, identificada como Yamili, cuestionó directamente la actuación de la directora y pidió su salida del cargo. “No merece ser directora, por eso estamos solicitando su destitución, ya que no pudo salvaguardar la integridad de las alumnas”, expresó durante la reunión, al señalar que las estudiantes que denunciaron no habrían recibido respaldo inmediato por parte de las autoridades escolares.
El conflicto también se agravó luego de que estudiantes realizaran una protesta dentro del plantel la semana pasada. Tras esa manifestación, dos alumnos fueron expulsados temporalmente; sin embargo, las autoridades educativas determinaron posteriormente que ambos debían reincorporarse a clases. Ante el temor de represalias, representantes de la Segey informaron a las familias que no habrá sanciones contra quienes decidan no enviar a sus hijos a la escuela durante las últimas semanas del ciclo escolar o prefieran no participar en las actividades de clausura.
Además de las denuncias por presunto abuso y acoso, los padres de familia expusieron otras problemáticas dentro de la secundaria, entre ellas la presunta venta de drogas, ausencias frecuentes de docentes y deficiencias en la infraestructura escolar, principalmente la falta de ventilación adecuada en varios salones. Estos señalamientos ampliaron el alcance de la inconformidad y colocaron a la institución bajo una revisión más profunda por parte de las autoridades educativas.
La Segey cuenta con un protocolo de actuación para casos de violencia detectada o cometida contra niñas, niños y adolescentes en planteles de educación básica. Dicho protocolo establece la obligación del personal escolar de proteger de inmediato a las posibles víctimas, informar a las autoridades competentes y notificar a las familias cuando se detecten situaciones de violencia sexual o conductas de riesgo.
Mientras avanzan las investigaciones, madres y padres de familia mantienen su exigencia de transparencia, esclarecimiento y garantías de protección para las y los estudiantes. El caso ha generado preocupación no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la necesidad de revisar si los mecanismos internos de prevención, denuncia y atención funcionaron de manera adecuada. Para las familias, la prioridad es que se restablezca la confianza en el plantel y que ningún alumno sufra represalias por denunciar situaciones que pongan en riesgo su integridad.
