Yucatán, 10 de abril de 2025 — En medio de un caso que ha escalado a nivel nacional, se ha desmentido públicamente la veracidad de las acusaciones realizadas por María Engracia García Chávez y Gregorio Oliva Miranda en contra de la Juez Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Yucatán, Yasmín Ojeda Alayón.
De acuerdo con información oficial, las declaraciones difundidas en redes sociales por García Chávez y Oliva Miranda carecen de sustento legal y buscan desviar la atención del verdadero trasfondo: un juicio por fraude iniciado desde 2018, en el que ambos están involucrados por el uso de pagarés falsos por un monto de 31 millones de pesos.
Contrario a lo que exponen en un reciente videoreportaje, la juez Ojeda Alayón no ha tenido participación alguna en audiencias relacionadas con los acusados. Su vinculación a proceso fue dictada desde 2019 por el ya fallecido juez Mugarte, y confirmada posteriormente por un Tribunal Colegiado mediante el amparo 175/2020, cuando Ojeda Alayón aún no asumía funciones en el cargo.
Además, las acusaciones de amenazas e intimidación no han sido formalizadas ante las autoridades, lo cual pone en entredicho su veracidad. También se desmiente cualquier relación de influyentismo con el Poder Judicial del Estado de Yucatán, en referencia al abogado Miguel Bargas Díaz, hermano de uno de los señalados en el caso, quien nunca ha ocupado un cargo dentro del Poder Judicial y cuya única función como apoderado fue revocada desde 2018.
Respecto al procedimiento mercantil de origen, se confirma que Nacional Terapéutica S.A. de C.V. no respondió a la demanda inicial no por omisión, sino por falta de notificación legal adecuada. Las oficinas de la empresa eran conocidas, pero se utilizó un domicilio distinto para iniciar el juicio, lo que evidencia una táctica procesal irregular.
A pesar de que García Chávez y sus socios afirman desconocer el proceso penal en su contra, consta que estuvieron informados, nombraron defensores y presentaron recursos como la incompetencia por declinatoria para trasladar el caso a la Ciudad de México.
La empresa MSM Salud S.A. de C.V. fue quien promovió originalmente la demanda en abril de 2018. Posteriormente, uno de los socios, José Antonio Romero Saavedra, solicitó reducir el monto de la deuda de 31.7 a 10.2 millones de pesos, alegando que ya habían recibido parte del pago. Esta contradicción no fue abordada en el reportaje, lo que refuerza la narrativa de desinformación deliberada.
El proceso penal sigue su curso con base en pruebas documentales y periciales, mientras los acusados continúan intentando llevar el caso al terreno mediático. Sin embargo, los registros oficiales muestran una constante negativa a presentar pruebas formales en juicio, prefiriendo recurrir a la exposición pública de señalamientos sin sustento legal.
