Estados Unidos enfrenta un panorama inquietante tras el inicio del cierre parcial del Gobierno, circunstancia que ya ha impactado de modo significativo el funcionamiento de la agencia tributaria nacional. En medio de la crisis presupuestaria, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha decidido suspender temporalmente a más de 34 000 empleados, lo que equivale aproximadamente al 46 % de su fuerza laboral.
La medida responde al hecho de que el Congreso no logró aprobar los proyectos de financiamiento necesarios para sostener las operaciones federales. En consecuencia, muchas dependencias han comenzado a detener actividades no críticas, y el IRS —como principal ente recaudador de impuestos— no es la excepción.
Aunque el 46 % del personal ha sido suspendido, esto no significa que toda la agencia se paralice: permanecen activos aquellos roles considerados esenciales para la estabilidad financiera y operativa del país. Sin embargo, el alcance de servicios tributarios y de atención al contribuyente se verá reducido de forma notable, generando efectos en declaraciones, auditorías y trámites relacionados.
Este episodio se desarrolla en el contexto de un cierre del gobierno federal que comenzó el 1 de octubre de 2025, luego de que los legisladores no consiguieran un acuerdo para asignar el presupuesto del nuevo año fiscal. Se trata del undécimo cierre gubernamental en la historia moderna de Estados Unidos y el tercero bajo una presidencia de Donald Trump.
Las consecuencias, más allá del IRS, ya se sienten en múltiples agencias: empleados federales son suspendidos, otros siguen laborando sin remuneración inmediata, y varios servicios públicos de menor prioridad han sido detenidos o ralentizados. En este escenario, la paralización dentro del IRS ilustra cuán profundo es el efecto del estancamiento político en la operatividad de la administración federal.
