Una semana intensa en Los Ángeles refleja el costo humano que acarrea la estrategia migratoria de la administración Trump, marcada por redadas del ICE, despliegue de tropas y fuertes protestas. Las redadas iniciaron el 6 de junio en puntos clave como el Distrito de la Moda, mayoristas de ropa y tiendas como Home Depot, donde más de 100 personas fueron detenidas. Enfrentamientos con agentes del ICE dejaron heridos e implicaron el uso de granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y gas pimienta.
En lo que constituye un movimiento inusual desde 1965, el presidente Trump desplazó alrededor de 2 000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines activos para contener las protestas, usando su autoridad para federalizar las fuerzas sin el respaldo del gobernador de California. Las manifestaciones, que comenzaron pacíficamente, derivaron en enfrentamientos con la policía y las fuerzas federales. Se registraron al menos 200 detenciones en los primeros días, múltiples heridos por balas de goma y al menos una reportera herida mientras cubría los eventos. Además, el líder sindical David Huerta fue detenido durante una intervención frente a un vehículo del ICE y resultó herido, lo que encendió mayor indignación social.
El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass expresaron su rechazo al despliegue militar e interpusieron recursos legales. Bass sostuvo que las tácticas “siembran el terror en nuestras comunidades”. Por su parte, fiscales federales defienden que el despliegue es un ejercicio constitucional del poder presidencial.
En otras decenas de ciudades, entre ellas Nueva York y varias localidades en Texas, surgieron protestas con consignas como “¡ICE, pa’ fuera!” y “No dejemos entrar al miedo”. Estas movilizaciones reflejan la inquietud de comunidades migrantes y defensores de derechos civiles frente a una militarización interior del poder federal.
Lo sucedido en Los Ángeles entre el 6 y el 15 de junio de 2025 representa una etapa crítica en la política migratoria de Estados Unidos: una ofensiva fuertemente militarizada, que impacta directamente en la vida de civiles y activa una reacción social y legal inédita. Al centro está el costo humano: detenidos, heridos, familias afectadas y comunidades que sienten que se ha vulnerado su derecho a la seguridad y la protesta.
